En Colombia hemos llegado al absurdo de que ciertos periodistas se arrogan la toga sin necesidad de concurso, ni de posesión, ni de Código de Ética Judicial. Basta con que se autodenominen “investigadores” para erigir tribunales mediáticos donde la prueba reina no es el documento ni la norma, sino la corazonada, la sospecha, la inferencia deletérea. Lo llaman periodismo investigativo; en realidad, es una suerte de inquisición de pluma, micrófono y redes sociales.
El ejemplo reciente raya en lo grotesco: el autoproclamado columnista/investigador Jacobo Solano Cerchairo -en hilo de X- sin conocimientos básicos en la materia, decide que un director seccional de fiscalías debe declararse impedido porque su cónyuge es contratista de la Gobernación.
Al parecer, en su mundo paralelo, las causales de impedimento y recusación no son taxativas ni restrictivas -como manda la Constitución y la ley- sino que caben en el infinito universo de su imaginación. Y claro, como la esposa del funcionario no es servidora pública sino contratista, pues peor: ahí está la “prueba” irrefutable de conflicto de intereses.
No importa que los directores seccionales no sean superiores funcionales de los fiscales delegados. No importa que la autonomía e independencia de los fiscales esté blindada. Lo que cuenta es la narrativa: sospecha mata norma. Es la lógica de la telenovela aplicada al derecho procesal.
El problema es que con estos malabares no solo se desfigura la función pública, también se pervierte la opinión pública. La ciudadanía acaba creyendo que un director de Fiscalías debe apartarse de procesos que ni siquiera instruye o conoce por competencia, o que ser accionista en una sociedad de capital equivale a tener la llave de cada expediente donde figure esa sociedad. La ironía es evidente: en este tipo de periodismo, hasta comprar acciones en una cervecera podría convertir a alguien en socio estratégico de la impunidad.
La justicia paralela es cómoda: no exige conocimiento técnico ni rigor normativo, solo audacia para convertir la conjetura en verdad editorial. Y mientras tanto, el ciudadano se confunde, las instituciones se debilitan y los servidores íntegros cargan con sospechas sembradas en titulares y columnas, no en estrados ni en providencias.
En su extravío conceptual, Solano Cerchairo llega incluso a insinuar que la corrección y objetividad del Director Seccional de Fiscalías del Cesar, Ronald Calderón Vieco, podrían dar pie a impedimentos por simpatías o afinidades. Nada más alejado del ordenamiento jurídico: el régimen de impedimentos y recusaciones es de causales expresas y restrictivas, no de percepciones ni de elogios. Como abogado en ejercicio, afirmo que reconocer públicamente la objetividad de un servidor no constituye -ni podría constituir jamás- causal de recusación. Más aún, en mi trayectoria profesional he tenido roles adversarios frente al doctor Calderón Vieco, lo que prueba que su imparcialidad no se presta a favores ni a sospechas.
El periodismo crítico es necesario, pero el periodismo justiciero es tóxico. A falta de sentencias, dicta veredictos; a falta de pruebas, ofrece conjeturas; a falta de rigor, vende espectáculo. Es hora de recordarle a quienes confunden opinión con jurisdicción que las recusaciones y los impedimentos no nacen en las redacciones, sino en la Constitución y en la ley.
Porque, al final, la justicia paralela no es justicia: es un espectáculo donde el telón lo bajan la ironía y la desinformación. Inaceptable.
Por: Hugo Mendoza Guerra.
