La independencia de poderes es una de las tantas fachadas de la democracia, es el argumento más repetitivo en la jerga política, sobre los cuales descansa el supuesto Estado de Derecho del que tantas maravillas se habla. En Colombia, al menos, este trípode padeció de parálisis infantil, uno de sus miembros se atrofió; el tal poder judicial parece una guarida en la cual se esconden quienes quieren mantenerse en el poder del Estado in sécula seculórum; invocar esta fortaleza de la democracia es un sofisma de distracción.
Ya el poder judicial dejó de ser un poder autónomo, porque se ha convertido en un instrumento al servicio del poder legislativo que lo ha cooptado; la integración de las altas cortes depende de este en una u otra forma; también los organismos de control dependen de este así como el defensor del pueblo; solo el fiscal general se escapa de esta órbita, en forma directa, aunque en la composición de la CSJ tiene fuerte injerencia el Congreso de la República; la integración del Consejo de la Judicatura, también en forma indirecta, depende del congreso. A nuestro parlamento solo le falta designar un primer ministro, propio en los regímenes parlamentarios.
Esto es lo más lejano a independencia, es una telaraña perversa que fomenta el intercambio de posiciones burocráticas de altísimo valor, una puerta giratoria que permite el nepotismo y el tráfico de influencias y archivo de procesos de los asociados; solo cuando se descubrió que existía un cartel de togados nos dimos cuenta de la distorsión que existía en el poder judicial y de la magnitud de su descomposición; que un cartel institucional administre la justicia es para Ripley.
Acorde con los hechos, que son tozudos, la independencia del poder judicial no existe, es una falacia, es una verdadera manguala y nido de corrupción donde se cuidan muchas apariencias y se sepultan muchas verdades. Que este poder esté en función del legislativo nos ayuda a entender por qué al presidente de la República le tumban las decisiones que incomodan al Congreso, además de la indiferencia y falta la mínima de empatía y consideración con el jefe del Estado, a este tratan de desconocerlo en aquellos aspectos que tengan que ver con los protocolos institucionales; a muchos actos de las altas cortes donde tradicionalmente era invitado el presidente de la República, ahora no lo hacen para “mantener la independencia”, pero estas son puras apariencias, y tampoco asisten a los actos del ejecutivo por las mismas razones.
¿De cuál independencia hablan? En el acto donde el presidente de la República pidió perdón a las víctimas de la guerrilla y del mismo Estado y asociados como los paramilitares, realizado en Urabá, ninguna de las otras dos partes integrantes de los tres poderes acompañó al jefe del Estado, como si fueran dos países; ni siquiera el Estado Mayor de las FF. MM., muy relacionado con este perdón, hizo presencia. Esta es una disociación sistemática de la unidad gubernamental para desconocer las acciones del gobierno.
Este sistema de integrar el poder jurisdiccional con el poder legislativo y los organismos de control debe cambiar. En México acaban de elegir más de setecientos mil jueces por voto ciudadano, solo así podrá hablarse de independencia de poderes. Viéndolo bien, los poderes judicial y legislativo tiene mucho más poder que el ejecutivo. La dictadura fiscal y de la empleabilidad pública se ejerce desde estos poderes y no desde la presidencia de la república que ya ni siquiera le dejan designar a los funcionarios de libre nombramiento de su esfera de poder, amén de que en el cuerpo diplomático ya han sido anulados nombramientos de otros funcionarios por demandas interpuestas. Ya está anunciada la demanda de Montealegre, nuevo ministro de Justicia. El Consejo de Estado tumbó el nombramiento de cónsul en Cancún de una hermana de Jaime Garzón dizque porque no cumplía los requisitos. En cambio, para ser senador no hay requisitos y lo puede ser cualquier caballo de Calígula. Igual para ser presidente de la Republica. Hay un cerco institucional.
Por: Luis Napoleón de Armas P.
