En Colombia coexisten dos sistemas de justicia que parecen habitar planetas distintos: la justicia ordinaria, con su Código Penal y sus penas de prisión, y la justicia transicional, diseñada para cerrar una guerra de más de medio siglo, con sanciones restaurativas que no siempre suenan a castigo. Esa dualidad se convierte en un rompecabezas para la ciudadanía de a pie, que asiste perpleja a titulares contradictorios.
El ejemplo más reciente: Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, acaba de recibir una condena de 12 años de privación efectiva de la libertad en prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal. Delitos graves, sí, pero de naturaleza común. Su proceso ha sido transmitido casi en tiempo real: debate jurídico, opiniones de todos los colores, análisis mediático diario. Las redes hierven; cada declaración de fiscales y jueces se vuelve noticia nacional.
Ahora mire el otro espejo. La Jurisdicción Especial para la Paz, después de siete años de investigación, dicta dos sentencias históricas: a la cúpula de las FARC-EP —Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Jaime Alberto Parra Rodríguez, entre otros—, responsables de crímenes de guerra (toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado) y crímenes de lesa humanidad (privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, tortura, esclavitud y otros actos inhumanos).
Y a oficiales del Ejército por los llamados “falsos positivos”, ejecuciones de civiles para inflar cifras de guerra, es decir, a Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, entre otros, sentenciados como coautores penalmente responsables de crímenes internacionales de lesa humanidad por la desaparición forzada de personas, asesinato y tortura, así como por el crimen de guerra de homicidio de persona protegida. En ambos casos, la pena central es una “sanción propia” de ocho años, sin rejas ni prisión domiciliaria clásica: restricciones de movilidad, trabajo reparador, monumentos de memoria, proyectos comunitarios.
¿Reacciones políticas? Silencio casi absoluto. Ni el presidente Gustavo Petro, ni precandidatos, ni voceros de izquierda como Gustavo Bolívar, la exministra Carolina Corcho, Iván Cepeda o Daniel Quintero han emitido una sola palabra de fondo. Los mismos que no ahorran adjetivos ante la condena de Uribe se vuelven mudos frente a crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Les importa un comino que, en las sentencias, estratégicamente simultáneas, de la JEP, se reconozca que hubo prácticas sistemáticas dentro de estructuras militares, pero no impute ni declare que existía una política oficial del Estado colombiano ni una directriz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para cometer los homicidios y desapariciones.
El ciudadano común compara y no entiende. ¿Cómo es posible que a quien ordenó o permitió secuestros y asesinatos sistemáticos se le impongan ocho años sin cárcel tradicional, mientras un expresidente por dos delitos comunes enfrenta doce años de encierro real? La explicación técnica —que la justicia transicional persigue verdad, reparación y no repetición, y que la sanción restaurativa busca reconstruir tejido social— se estrella contra el sentido común.
La ironía es brutal: el crimen de la paz recibe menos castigo visible que el delito del político adversario. En el tablero de la opinión pública, la ecuación luce invertida: secuestrar y matar a cientos parece “más barato” que manipular testigos. El mensaje social es devastador.
La JEP defiende, con razón, que su objetivo es distinto: sin incentivos fuertes nadie de la insurgencia ni de la Fuerza Pública habría admitido responsabilidad. Pero el Estado ha fallado en explicarlo. Y la dirigencia política, tan rápida para condenar o absolver a Uribe en medios y redes, calla frente a decisiones que confrontan a todos los actores armados, incluido el propio aparato estatal.
Mientras tanto, el ciudadano raso, de la calle, solo ve la foto final: Uribe, 12 años de cárcel; FARC y falsos positivos, 8 años sin barrotes. Entre dos justicias irreconciliables, la percepción de impunidad se vuelve combustible para la polarización. Y nadie, en el poder o en la oposición, se atreve a explicarlo con honestidad.
Por: Hugo Mendoza Guerra.
