El Acto Legislativo 4 de 2019 buscó blindar la elección de contralores territoriales con procesos transparentes y objetivos, a través de exámenes de conocimiento a cargo de universidades acreditadas. La idea era que una academia imparcial garantizara procesos limpios, quitándole a las asambleas y a los concejos la libertad de escoger a dedo.
Lamentablemente, ese remedio se ha convertido en un nuevo foco de corrupción. ¡Las universidades están negociando con el concurso de contralores!
Lejos de asegurar imparcialidad, la intervención de algunas universidades ha resultado contraproducente. Lo que debía ser un concurso limpio se transformó en un mercado negro de puntajes y privilegios académicos falsos, resultando elegidos muchas veces los mejor conectados o los que más dinero pusieron bajo la mesa.
Las denuncias llueven a lo largo y ancho del país por la manipulación de las ternas: aspirantes sin cumplir requisitos mínimos o con inhabilidades legales ignoradas, conflictos de interés descarados y alteración de hojas de vida. Está ocurriendo todo lo que se suponía que evitaría la reforma.
Hay casos tan graves que desafían la imaginación. Se habla de pruebas vendidas por sumas cercanas a $300.000.000 para garantizar los puntajes más altos. Se dice que en Bogotá un candidato a la presidencia ya definió el nombre del nuevo contralor. Este nivel de perversión raya en lo surreal. También se denunció el caso del contralor departamental del Valle del Cauca, cuyo concurso fue manipulado para favorecer a candidatos afines a la administración de turno. El congresista que lo denunció afirmó: “El concurso está amañado, ya se sabe quiénes integrarán la terna sin siquiera presentar la prueba de conocimiento”. Así de podrido está el asunto, y es solo el botón de muestra de un problema sistémico.
En varios municipios y departamentos, las fuerzas políticas han encontrado la manera de secuestrar los concursos. Antes, negociaban los votos en los concejos o asambleas; ahora negocian los resultados de las pruebas de conocimiento, filtrando los exámenes o con calificaciones infladas. El supuesto concurso de méritos se volvió la pantalla perfecta para revestir de legalidad lo que en el fondo es otro reparto clientelista movido con mucho dinero.
Cada nueva trampa se recibe con cinismo resignado, como si fuera parte del paisaje. ¿En qué momento se normalizó que el vigilante de los recursos públicos pueda comprar su cargo? Si toleramos esto, aceptamos que el ratón siga cuidando el queso. Es un círculo perverso que tenemos la obligación de romper.
No podemos quedarnos callados. Por eso, como veedor ciudadano, hago un llamado urgente y público a la Procuraduría General de la Nación para que pase de las palabras a los hechos, verificando la información. Es imperativo suspender procesos viciados, sancionar ejemplarmente a los responsables (incluyendo directivos universitarios), y anular elecciones donde se compruebe fraude. Cada día de silencio oficial es un día en que la corrupción gana terreno.
A los ciudadanos nos corresponde alzar la voz para no permitir que nos arrebaten la esperanza de instituciones íntegras. Hay que exigir transparencia real en los concursos, apoyar a los denunciantes y pedir ajustes legales si hace falta reencauzar el sistema.
Los contralores existen para proteger el patrimonio público, no para engrosar las filas de los corruptos. Si la selección de estos funcionarios está corrompida, todo el edificio institucional se tambalea.
Ya es hora de despertar de la anestesia de la indiferencia para no tolerar que la trampa siga reinando donde debería imperar la integridad.
Por: Luis Alonso Colmenares Rodríguez.
