El Concejo Municipal de Valledupar, finalizando el 2023, aprobó el Acuerdo 014 del mismo año, por medio del cual se adopta la modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de esta ciudad. Personas preocupadas por el contenido y la cantidad de irregularidades de esa iniciativa del alcalde Mello Castro presentamos argumentos llamando a la reflexión sobre el daño que le provocaría a esta ciudad cambiando de manera abrupta su hoja de ruta.
Advertimos de manera vehemente que no existía el carácter de “excepcional” de esa modificación y nunca el alcalde anterior se interesó por hacerle revisión al POT en los tiempos y de la manera como lo exige la Ley 388 de 1997, pero los intereses fueron más poderosos que los argumentos y hoy tenemos un plan de ordenamiento territorial que auspicia una serie de abusos contra el Municipio.
Uno de esos aspectos preocupantes del POT es la ampliación del perímetro urbano de la cabecera municipal de Valledupar usando figuras que nuestro ordenamiento jurídico no contempla. Para decirlo de una forma más clara y directa, el Concejo Municipal de Valledupar del 2023 usó la figura de modificación excepcional del POT para convertir, mágicamente, suelo rural en suelo urbano, cosa que no se puede hacer porque no existe en la ley la facultad que permita hacer ese cambio de manera automática.
Antes de señalar el punto exacto donde se encuentra el disparate de los concejales, recordemos que durante el gobierno de Juan Manuel Santos en la Presidencia, se promovió una ambiciosa política de vivienda y, para que municipios accedieran a recursos que permitieran ser parte de esos proyectos, tenían que cumplir con un requisito importante: contar con un Plan de Ordenamiento Territorial actualizado, pero gran sorpresa se llevó el Gobierno nacional cuando verificó que los instrumentos de planeación de casi todos los municipios del país estaban desactualizados.
En ese momento se adoptó una medida de choque un poco inusual y, por medio de la Ley 1537 del 2012, se permitió que entre 2012 y 2016, los municipios incorporaran suelo rural, suelo suburbano y suelo de expansión urbana al perímetro urbano ya que ni la Ley 388 de 1997 contiene esa posibilidad ni mucho menos los POT de los municipios y, con esto, el gobierno aseguraba su programa de Vivienda de Interés Social y prioritaria. Además, mediante la Ley 1753 del 2015, en su artículo 91, extendió hasta el año 2020 la facultad de convertir de manera directa el suelo urbano en suelo rural; esta norma se conoció en su momento como “Ley Vargas Lleras”.
Al cumplirse los tiempos fijados por las leyes 1537 del 2012 y 1753 del 2015, vale decir, desde el 2020, no es posible incorporar de manera directa suelo rural al perímetro urbano, como lo hicieron los concejales de Valledupar en el Acuerdo 014 del 2023. Y para desgracia de los concejales, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 de 2023, a través del artículo 372, cerró la posibilidad de seguir extendiendo la figura, que ya se había vencido en 2020, obligando a los municipios cumplir con el procedimiento normal, que implica la formulación y aprobación previa de planes parciales y la posterior entrega al municipio de las obras en cesiones obligatorias, así como vías y redes de servicios públicos.
Al aprobar el Concejo Municipal de Valledupar el Acuerdo 014 de 2023, y en especial el artículo 3 que modifica las clases de suelo del municipio de Valledupar, se desconoció que no existía norma vigente que permitiera eludir el compromiso de formular planes parciales en suelo de expansión urbana y, de paso, conllevando a que el actual alcalde mediante Decreto 1335 del 2024 aplicara la plusvalía en Valledupar por el cambio a suelo urbano de ese suelo rural que comprende unas nuevas 213,32 hectáreas, violando la ley; este es el fenómeno conocido como “volteo de tierras” y consiste en darle a un suelo una condición distinta a la que merece o hacerlo omitiendo los procedimiento de legales como quedó consumado en el Acuerdo Municipal del 2023.
Esto es un caso parecido al que hoy tiene con imputación al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, debido a que estas operaciones del POT buscan incrementar el valor de la tierra y favorecer a particulares. como lo afirma la Fiscalía, institución que basa su investigación en que en Medellín pretendían recibir $48.234 millones, cuando originalmente el valor del lote no sobrepasaba los $2.700 millones a través de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del distrito. Gran negocio de los paisas y también el que hicieron los concejales vallenatos.
Carlos Andrés Añez Maestre.
