La división de poderes en tres ramas concebida por Montesquieu para el funcionamiento de la democracia ha sido revaluada por fuerza de los acontecimientos y por las falencias conceptuales e intereses particulares. Aceptando que el poder viene del pueblo, los órganos ejecutivo y legislativo podrían considerase delegados por el soberano; pero el falsamente llamado “tercer poder”, es de facto porque no viene del soberano, sino de una mecánica perversa diseñada entre el ejecutivo y el legislativo para su propio usufructúo.
Las llamadas altas cortes tienen un origen espurio que, con frecuencia, no responden a los intereses de la Nación y sí a los de sus nominadores; por eso, muchas de sus decisiones no se tomarían en derecho, nuestra Constitución y nuestras leyes son una telaraña de conceptos impregnados de un santanderismo anacrónico y sesgado, ubicado por encima de las realidades fácticas donde vale más un rebuscado párrafo que una necesidad vital; la inexequibilidad del decreto que creaba la emergencia económica en La Guajira y el que imponía unos impuestos a la explotación del carbón en boca de mina, son muestras patéticas de esta aberración.
Recordemos el llamado “cartel de la toga” que negociaba decisiones clave para absolver a ciertos personajes de la política colombiana, práctica que aún parece no ha desaparecido. En ciertos fallos de las altas cortes a uno le queda la sensación de que existieran varios raceros para medir un mismo delito. Varios senadores del Pacto Histórico perdieron sus credenciales por supuestamente practicar la doble militancia igual que varios concejales y alcaldes del país; sin embargo, a dos gobernadores del Cesar, del mismo grupo e igual chequera, por iguales circunstancias los absolvieron; el más reciente parece ser el más evidente, nada pasó.
Por eso se dice que en Colombia la justicia es para los de ruana, para quienes no tengan la suficiente fuerza para negociar. Hace algunos años en Valledupar se rumoraba que una fiscal legalizaba los falsos positivos del coronel Mejía, no pasó nada. Desde la reelección de Uribe el relevo de los magistrados salientes quedó en manos de una sola corriente ideológica y de intereses sintonizados con el gobierno de turno si es de su cubil, pero hacen oposición con sus fallos si es al contrario, tal como acontece con el actual gobierno al cual le tumban todas sus iniciativas sean buenas o malas; puro leguleyismo. De esta manera, las altas cortes se han convertido en un supra Estado que estaría por encima del bien y del mal.
Ya se dan el lujo de anticipar su voto tal como lo ha hecho el magistrado Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional y ponente sobre la solicitud de inexequibilidad de la reforma pensional, quién quiere mostrar de cual lado está; ha anunciado que nunca se va a pensionar, ignorando que a los derechos no se renuncia. Este magistrado fue el mismo que un día anunció que lo estaban chuzando para insinuarle, quizás, a los bodegueros la idea de que este era un gobierno chuzador; después se retractó ante la fuerza del Pegaso. Un magistrado puede tener sus orientaciones ideológicas pero sus fallos deben ser en derecho, así tenga que vendarse al momento de firmar.
Dura es la ley tanto para reos como para jueces. Con magistrados así la ética jurídica está perdida y la moral de la Nación destrozada. Lo que Montesquieu no intuyó fue que, con el desarrollo de la ciencia, las economías, la codicia y la pérdida de valores, nuevos poderes invisibles aparecerían con más capacidad de dominio y cooptación que los legítimos; en muchas partes del mundo es el poder de la mafia el que hoy domina a los Estados, a la sociedad y a la economía donde los límites entre el crimen y el Estado son imperceptibles y dominantes.
El audio que esta semana presentó la “fiscal de hierro” Angélica Monsalve, sobre las declaraciones de un agente encubierto ante el FBI en los EE. UU, dan cuenta de este terrorífico entramado y que pondrán a prueba a la fiscal general, Adriana Camargo. Muchos procesos deberían reabrirse.
Por: Luis Napoleón de Armas P.
