Una reflexión general: la injusticia de privilegiar los intereses de las administraciones públicas en detrimento de los negocios de los ciudadanos constituye una problemática que afecta el desarrollo económico de la comunidad. Esta situación refleja un desequilibrio en los roles del sector público y privado, donde las decisiones gubernamentales priorizan objetivos administrativos o burocráticos, dejando de lado las realidades y demandas del sector privado.
Uno de los aspectos más evidentes de esta injusticia es que favorece los intereses de la administración pública en detrimento de los negocios de los productores de riqueza, que pagan toda clase de impuestos como contribuyentes de los municipios, departamentos y de la nación. Cuando las políticas públicas, plasmadas en regulaciones o procedimientos administrativos se diseñan sin tener en cuenta las necesidades reales de los negocios privados, se generan obstáculos que limitan las creaciones de los particulares desalentando sus esfuerzos. Esto, a la postre, va en perjuicio del recaudo de las mismas administraciones públicas que ven reducidas su participación como recaudadores de impuestos y creadoras de empleo. Por ejemplo, trabas burocráticas excesivas, cargas fiscales desproporcionadas o regulaciones que no consideran las particularidades del sector privado terminan siendo barreras que frenan el crecimiento económico y la competitividad.
Por otro lado, cuando las decisiones se toman sin considerar el impacto en la economía real, se crea un ciclo de desconfianza que socava la legitimidad de las instituciones. La percepción de que las administraciones públicas favorecen solo su propia bolsa económica fomenta el descontento ciudadano.
Los negocios que no reciben el apoyo adecuado o que enfrentan obstáculos artificiales por parte de las administraciones públicas tienen menos capacidad de desarrollo y de crecimiento social. La priorización de los intereses oficiales puede conducir a una economía privada estancada, en lugar de una economía dinámica, competitiva y orientada al desarrollo sostenible.
En una palabra, privilegiar los intereses de las administraciones públicas a expensas de las necesidades de los negocios de los ciudadanos representa una injusticia que socava la economía, limitando las oportunidades de crecimiento de la economía del sector privado. Por tanto, es imperativo que las políticas públicas equilibren los intereses oficiales con las necesidades reales del sector privado, promoviendo un entorno de cooperación transparente y respeto por los derechos económicos de todos los ciudadanos, donde las políticas oficiales sirvan como facilitadoras y no como obstáculos para el progreso.
Sirva el exordio para poner de presente lo que le ocurrió a un gran líder trabajador del campo cesarense y que aquí llamaremos A, en la Tesorería Municipal de Valledupar. Comienzo de la crucifixión. Un inmueble urbano, de varios copropietarios, con atraso en el pago del impuesto predial. El señor A estaba dispuesto a pagar oportunamente el impuesto. Lo mismo otro copropietario. No así los demás, quienes fueron los causantes de la mora civil de varios años, en un poco menos de cuatrocientos cincuenta millones de pesos, y el municipio embargó para cobrar.
Sólo A tenía una suma importante en un banco. El municipio la aseguró y acordó recibir el saldo en un año de plazo, sin hacer ninguna rebaja, como es costumbre, y tampoco le otorga “paz y salvo” con el argumento de que hay que esperar el pago de las cuotas acordadas. Acaso, si se razona, ¿el acuerdo de pago no da derecho al “paz y salvo”? La respuesta del municipio es no, porque no se ha terminado de pagar. La contrarrespuesta es: entonces, el acuerdo es leonino e injusto, porque coarta la libertad de disposición de un bien, si este fuera el destino del “paz y salvo”. Creo que una tutela repararía esa injusticia.
Otro copropietario también fue embargado y ahora debe gestionar el desembargo. Lo ha hecho, pero el embargo subsiste, porque el Banco alega que el funcionario de Tesorería que comunicó el desembargo olvidó indicar en el oficio el número de la cédula de identificación, y además tiene la carga de gestionar ante el municipio que reintegre el dinero embargado al que este le echó manos “por la derecha”.
Ojalá el reglamentador local, el Concejo Municipal, tome cartas en estos asuntos, como representante directo de la comunidad.
Por: Rodrigo López Barros.
