El fentanilo es un potente opioide sintético recetado por médicos para tratar el dolor intenso o crónico. Cien veces más potente que la morfina, el fentanilo ilícito suele combinarse con heroína, cocaína o metanfetamina. La droga se vende ilegalmente en forma de pastillas, polvo o líquido. Según la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, el año pasado, los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, causaron el 60 % de todas las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Esto equivale a unas 48.000 personas.
El informe de muertes por sobredosis de fentanilo reabre el debate de la altisonante guerra antidrogas, especialmente, por las consideraciones concluyentes de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, según la cual la guerra contra las drogas ha fracasado totalmente. No obstante, la vigencia de la Doctrina Monroe continúa guiando la política exterior de Estados Unidos en América Latina, descertificando la oferta de drogas ilícitas, pero descuidando la demanda en suelo propio.
La descertificación de Colombia por Estados Unidos, socio en materia de control de drogas por primera vez desde 1997, significó o causó jubilo de victoria política. Ese proceder irracional motivado por la ideologización del pensamiento soslaya de manera abrumadora que la polarización propuesta por la dicotomía caduca de izquierda y derecha nos pone a todos en el mismo lugar, porque el reproche negativo estadounidense es una derrota para los colombianos, la policía nacional, el glorioso ejército y un boquete de oportunidades para el multicrimen que dispone del usufructo del narcotráfico. La descertificación es la victoria de los criminales por la relación entre las drogas y el crimen organizado.
Aquello que Álvaro Gómez Hurtado, denominó “El acuerdo sobre lo fundamental” ha sido un legado inentendible. Nuestra clase política es muy efusiva para tomar la descertificación como una victoria política, pero muy pasiva o sumisa, para exigir que la demanda de drogas en Estados Unidos reciba un trato de mayor control, en contraste, el Congreso de la República de manera obediente declaró al “Cartel de los Soles” como una organización criminal transnacional.
Desde luego, es menester atacar la ilegalidad por todos los flancos, sin embargo, esa declaratoria podría ser igual de inane como el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Mejor gestión hubiera sido exigir que Estados Unidos se mantenga vigilante en aguas del Caribe, controlando las rutas del narcotráfico, aunque concatene para deponer a Nicolás Maduro y, de paso, sea aprovechado para que vayan por el petróleo venezolano.
Al gobierno del presidente Gustavo Petro le asiste responsabilidad en lo relacionado con la producción ilegal de los cultivos ilícitos por alcanzar 3.708 toneladas, casi un 34 % más que en 2022, una cantidad que representa diez veces más a la cifra registrada diez años antes cuando tocó su cota más baja, reveló la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su informe anual. Los esfuerzos institucionales deben estar en todos los frentes, para que los logros sean tan importantes como los registrados por el Ministerio de Defensa que ha resaltado el récord histórico en incautación de cocaína: 601 toneladas en lo que va de 2025.
En el terreno de los hechos, Estados Unidos no llegó a imponer sanciones y otorgó a Colombia una “exención de interés nacional” que preserva la ayuda y la cooperación en materia de seguridad. Esa concesión compagina con el Informe Mundial sobre Drogas 2025, que tiene como objetivo no sólo fomentar una mayor cooperación internacional para contrarrestar el impacto del problema mundial de las drogas en la salud, la gobernanza y la seguridad, sino también ayudar a los Estados Miembros a anticipar y abordar las amenazas que plantean los mercados de drogas y mitigar sus consecuencias.
Por: Luis Elquis Díaz.
