Antes de 1988, los alcaldes y gobernadores en Colombia no eran elegidos por voto popular, sino designados por el gobierno central. Aunque este sistema no era perfecto, mantenía cierto control sobre la idoneidad de los funcionarios. Los nombrados solían ser figuras con trayectoria política y profesional reconocida, y la corrupción era significativamente menor, pues sus padrinos políticos les exigían resultados y honorabilidad, y los funcionarios no llegaban “empeñados” a realizar sus labores.
Pero con la llegada de la elección popular, el panorama cambió. Lo que parecía un avance democrático se convirtió en un negocio multimillonario. Llegar a un cargo de elección popular ya no es cuestión de mérito, sino de inversiones astronómicas en campañas políticas.
¿Cómo se compra una alcaldía o una gobernación?: hagamos cuentas. Un alcalde en Colombia gana, en promedio, 12 millones de pesos al mes, lo que en cuatro años suma aproximadamente 576 millones de pesos. Sin embargo, una campaña para llegar a ese cargo puede costar 10.000 millones de pesos. Es decir, el alcalde, apenas al asumir, ya tiene una deuda que puede superar los 9.500 millones de pesos.
¿De dónde sale ese dinero? De las mismas fuentes de siempre: contratos públicos amañados, sobornos, coimas y favores políticos. Nadie invierte miles de millones en una campaña por amor a la patria. Todo el que financia espera recuperar su inversión con creces, y ahí es donde nacen los elefantes blancos, las obras inconclusas y los escándalos de corrupción.
El Congreso de la República es una de las instituciones más costosas del país. Mantener el Senado y la Cámara de Representantes nos cuesta billones de pesos al año, solo para sostener a 296 congresistas, sus asesores, viajes, seguridad y demás privilegios.
A esto se suman las elecciones, cuyo costo sigue en aumento. En 2022, las elecciones presidenciales y legislativas costaron más de 1.3 billones de pesos. En 2023, las elecciones regionales se convirtieron en las segundas más costosas de la historia. ¿Cuánto más estamos dispuestos a pagar por un sistema corrupto e ineficiente?
La democracia griega: una lección olvidada. El ilustre abogado, militar, escritor, poeta y compositor vallenato Rafael Antonio Gutiérrez Céspedes defendía una idea basada en los principios democráticos de la antigua Grecia: la democracia directa. En Atenas, los ciudadanos tomaban las decisiones sin necesidad de intermediarios políticos. No había senadores ni representantes, el pueblo decidía de manera directa en la Asamblea.
Hoy, la tecnología nos permite recuperar este modelo sin necesidad de plazas públicas. El voto electrónico con blockchain (tecnología que permite registrar y compartir transacciones de manera digital, inmutable y descentralizada) haría posible que cada ciudadano participe directamente en las decisiones del país desde su celular o computadora, sin fraudes, sin intermediarios y sin politiqueros que se roben el dinero público.
¿Existen soluciones? Sí, pero nadie quiere implementarlas. No necesitamos más reformas cosméticas, necesitamos un cambio real:
Voto electrónico con blockchain: un sistema inalterable y descentralizado que permitiría a los ciudadanos votar en línea desde cualquier parte del país, eliminando el fraude electoral y el derroche en logística.
Eliminar el Senado y la Cámara: acabar con esta estructura obsoleta y reemplazarla por la Democracia Digital Directa – D3 (así estoy bautizándola el día de hoy, a las ideas hay que ponerle nombre) donde cada colombiano decida directamente y sin intermediarios sobre las leyes y el presupuesto del país.
Eliminación del financiamiento privado en campañas: si nadie puede comprar su puesto con dinero, solo llegarán al poder quienes realmente tengan propuestas y liderazgo.
El problema no es la democracia, sino el sistema podrido que la administra. Si seguimos permitiendo que nos roben en la cara, la corrupción seguirá siendo el verdadero gobernante de Colombia.
Por: Hernán Restrepo.
