Los docentes provisionales, ocasionales y catedráticos de la UPC le están exigiendo al Consejo Superior Universitario (CSU) y al rector Robert Romero Ramírez que acojan y pongan en ejecución el Decreto 0391 del 1 de abril del 2025 que establece los planes de formalización laboral para los docentes de la Universidad Popular del Cesar.
Con el eslogan “Formalización laboral docente ¡ya!”, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -Aspu- está en la disputa para lograr que los directivos adopten el decreto presidencial, recordando que desde hace 57 años el gremio está luchando por los derechos de los profesores universitarios y por una mejor educación.
Hoy se desarrollará en la UPC, sede Sabanas, otra asamblea con la presencia de Pedro Hernández, presidente nacional de Aspu; Rubén Darío Moreno, delegado del MEN; y Pavel Santo Domingo, delegado del Ministerio del Trabajo, en un foro para seguir analizando pormenores del decreto en mención.
Se recuerda que, con la formalización, el ministro Antonio Sanguino ha dicho que, la medida “ofrecerá condiciones laborales dignas y estables para 38 mil docentes y trabajadores de las universidades del país”.
Hace dos semanas en una asamblea de Aspu Cesar se acordó enviarle una nueva comunicación al rector Robert Romero, pero el rector ha manifestado en público el congelamiento de la petición.
El pasado 19 de agosto, la Asamblea de Profesores suscribió un documento en donde se subraya la labor de los actuales presidentes de ASPU-Cesar, Raúl Bermúdez Márquez, y de SINALDUN, Néstor Quiroz Moreno, en función de hacer realidad la vieja y anhelada aspiración del profesorado upecista ocasional, catedrático y provisional de ser incorporados (iPor fin!) a la carrera docente universitaria, como única alternativa para zanjar brechas históricas que en la UPC son de las más pronunciadas del país.
En un documento de ocho puntos, se expresó que “con base en cifras presentadas, el gobierno nacional desde 2020 ha incrementado los recursos a la base presupuestal de funcionamiento adicionales al IPC, según el artículo 183 de la Ley 1955 de 2019; ha incorporado recursos conforme al artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y ha transferido fondos según el artículo 124 de la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’”.
El gremio asegura que es imperativo, para garantizar la legalidad y formalidad del Decreto 0391 de 2025, que la norma sea adoptada por el máximo organismo de dirección de la UPC, el Consejo Superior Universitario, lo que despejaría dudas sobre la legitimidad del proceso de formalización.
Aclara que en el caso de la UPC, la asamblea concluyó y recomendó que es necesario sopesar y emprender la inversión de recursos adicionales para la Formalización Laboral Docente a través de diferentes fuentes: estampillas pro-universidad, recursos provenientes de la política de gratuidad y de ampliación de cobertura y aquellos derivados de la obligación constitucional que los entes territoriales tienen de aportar al financiamiento de la Educación Superior del Departamento del Cesar y sus municipios. Hasta la próxima semana.
Por: Aquilino Cotes Zuleta.
