Mientras que las personas que viven en alquiler se muestran complacidas por la medida del Gobierno nacional de congelar el precio de los arrendamientos y de prohibir los desalojos durante la emergencia económica y dos meses adicionales, aquellos que viven del pago de los arriendos expresan su desacuerdo por la expedición de la medida.

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Aunque el Ministerio de Vivienda emitió estas órdenes para los que se han visto afectadas por la cuarentena preventiva obligatoria por el coronavirus y ha recalcado que no se tomó la decisión de suspender el pago del arriendo, algunos habitantes de Valledupar creen lo contrario. Ejemplo de lo anterior es el de Erika Suárez, una manicurista que vive en arriendo y quien asegura que “le cayó del cielo” esta orden del Ministerio de Vivienda.

“Yo vivo de las uñas que le hago a mis clientas, pero ante la presencia del coronavirus ha bajado de manera bárbara el empleo porque muchas personas tienen miedo de contraer el virus, por lo que se me hace más pesado pagar mis obligaciones, entre esas el pago del apartamento donde vivo. Aspiro que esto pase pronto y volvamos a la normalidad”, manifestó.

Eso mismo opina Paola Sarmiento, quien vive alquilada en una habitación: “Sé que hay que pagar los arriendos porque es un lugar que no es mío, pero en esta crisis por el Covid-19 todo se vuelve más difícil. Mi sustento es de empleada en un billar, pero este no lo abren desde que decretaron el cierre de este tipo de lugares para evitar la enfermedad. Aplaudo la media del Ministerio de Vivienda”.  

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De forma paralela argumentan los dueños de casas, apartamentos o piezas, puesto que muchos subsisten del pago de estas propiedades y aseguran que esta medida los coloca de “manos atadas” para reclamar su dinero.

En este sentido, Diosmeli Puello, propietaria de un apartamento, manifestó: “Uno entiende que en vista de la situación que afronta el país y el mudno muchas familias no están teniendo ingresos, por lo cual se les dificulta el pago de los arriendos. Pero considero que es una situación que afecta a las dos partes (arrendador y arrendatario) porque de esos arriendos es que también le llegan los recursos a otras familias. Sería oportuno que el Estado también llegará a un acuerdo de pago”.

En este sentido, Ibeth Ramírez, quien está a cargo de un apartamento, manifestó su preocupación y considera que la medida los deja sin instrumentos jurídicos: “Por un lado estas medidas están bien porque ayudan a muchas personas que no tienen cómo pagar arriendos, pero deja desprotegido a aquellos que vivimos de estos conceptos. ¿Quién ayuda a los dueños de las casas? porque ahora no tendremos medidas legales para hacer cumplir los pagos de alquiler”.

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Por su parte, Keiner Galvis, propietario de una casa, es solidario con la medida: “Toca acatar la norma. En mi caso yo pongo contratos en los cuales no se cambia el precio de arriendo, pero si me toca esperar a que esto pase lo hago, sobre todo porque los inquilinos que tengo venden comidas y no pudieron cancelar el arriendo que se les cumplió el 23 del mes pasado. Les di una espera y tampoco comparto eso de desalojar conociendo las necesidades de ellos”.

¿Y LAS PROPIEADES HORIZONTALES?

Frente a las propiedades horizontales donde el Gobierno nacional dispuso que los administradores puedan hacer uso del fondo de imprevistos para cubrir los costos de la copropiedad y que deberán darle especial atención a quienes estén empleados por la copropiedad, el presidente de Lonja de Propiedad Horizontal de Valledupar, Carlos Duarte González, considera acertada la postura inicial del Gobierno; sin embargo argumenta: “Se debe ahondar aún más en el tema de vivienda urbana, en especial a lo que compete al régimen de propiedad horizontal, Ley 675 de 2001, en virtud que dicha Ley no prevé contingencia alguna a los administradores para eventos como el que afrontamos, teniendo como agravante que a la fecha los presupuestos están agotados, y muchas copropiedades no han realizado la asamblea ordinaria para el presupuesto 2020. Cabe señalar que el uso de los recursos del Fondo de Imprevisto de las Copropiedades requiere autorización de la asamblea general”.

Para el jurista, queda en evidencia la necesidad urgente de una modificación legislativa que cubra los vacíos existentes en la ley actual. “Así las cosas el Gobierno nacional tiene la tarea de crear herramientas de contingencia y apoyo a este sector, puesto que es el que mayor cantidad de personas conglomera en espacios reducidos, sobre todo en el uso de sus áreas comunes, y el estado de emergencia se mantendrá por mayor tiempo que el inicialmente fijado”, sustentó.

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Agregó: “En la propiedad horizontal es común encontrarse con personas que no acatan el reglamento de estos hogares, así como las directrices de los comités de convivencia. La Ley dispone de unas sanciones, que ahora sin duda parecen insuficientes, puesto que no se trata de incomodar a un vecino, sea por ruido excesivo, por las mascotas, entre otros aspectos, ahora se trata de que incumplir las reglas estaría poniendo en riesgo la vida de una comunidad al hacer un uso inapropiado de las áreas comunes, no guardando las medidas mínimas de prevención de frente a la pandemia del Covid-19”. 

POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN – [email protected]