El ‘gota a gota’ o cobradiario es una práctica irregular que, pese a estar ligada a otros delitos, ha entrado en los barrios más populares donde no llegan los bancos.  En el barrio Chiriquí, de Valledupar, los gota a gota son la única alternativa financiera y, a la vez, el mayor dolor de cabeza de los habitantes.  

Para el pago de los servicios públicos, alimentación, estudios y el sostenimiento de algún negocio, decenas de personas acuden a los prestamistas a sabiendas que ponen en riesgo sus vidas si no pagan a tiempo.

El recaudo es a ‘sangre y fuego’, sin garantías legales y con un interés que oscila entre el 10 al 20% mensual, el cual supera la tasa de usura legal. Un motivo por el que a veces los ciudadanos se ven asfixiados para pagar el crédito y tienen que soportar la violencia que ejercen para el cumplimiento del mismo. 

PRESTANDO LA VIDA 

Así como le sucedió recientemente a Bertelina Aponte, una adulta mayor que vio cómo su nieto de 9 años resultó herido de un disparo por un cobradiario que llegó a su vivienda ubicada en la calle 70 del sector. 

“Dijo que quería que le dieran su plata que ya se iba, tiró el casco con la cachucha y se tiró de la moto para pelear con mi hijo. Ellos se fueron a los golpes, pero él (el cobrador) dejó a su supervisor ahí y arrancó; al rato llamó al supervisor a decirle que se abriera de ahí porque iba a levantar la casa a plomo. Vimos la moto que regresó con un muchacho moreno, se paró en la esquina y desde unas rejas empezó a disparar, el niño corrió y le cayó un tiro”, manifestó Aponte. 

Explicó que llevaba varios días atrasados debido a que en el momento no trabaja y sus hijos son los que la ayudan a veces a pagar. Las cuotas son de $10.000, pero ha tenido varios créditos llegando hasta pagar más de $50.000. 

“Ahora tengo un montón de días caídos con esa gente porque desde que se formó el problema no le he podido dar nada”, finalizó preocupada Bertina Aponte.

El niño de 9 años por fortuna no sufrió lesiones mayores porque al parecer el arma era traumática y se encuentra en su casa en condiciones estables de salud. 

Esta historia no es muy distinta a las que viven otras mujeres del barrio. Saraida Mercedes Matera, vendedora de lotería en Mercabasto, también tiene crédito informal al considerar que los bancos no ayudan a la población de bajos recursos. 

“Un día fui a uno, pero eso no sirve, ellos al pobre no lo ayudan y al contrario lo que hacen es fregar más. Yo tengo un hijo discapacitado por un accidente y no he podido pagar luz ni agua, Afinia me pasó la deuda de la luz a cobro jurídico”, contó Mercedes Matera. 

Aceptó, además, que tenía cuatro tarjetas de pago diario que ha honrado con el esfuerzo de su trabajo. 

LA NUEVA VIOLENCIA 

No obstante, los cobradiarios son sinónimo de agobio para los habitantes quienes los ven salir e ingresar todos los días al barrio. 

Su presencia es en parte también la nueva violencia a la que se acostumbraron desde que llegaron al sector como desplazados en el año 2007. 

El barrio surgió por un proyecto de interés social por el desalojo a las familias de las antiguas bodegas de Idema que habían sido invadidas por desplazados de la violencia. 

“Pero no todos de ahí salimos con casa, no todos gozamos de ese beneficio, donde estamos viviendo tenemos que pagar arriendo, los servicios son muy caros, si pagamos arriendo no tenemos para servicios y de qué comemos”, afirmó Luslinis Jiménez, residente del sector. 

Inicialmente los inmuebles eran muy pequeños y los habitantes vivían en condiciones precarias. Las casas tomaron forma por un proyecto que hizo el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD, y los aportes de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación Internacional con un convenio que fue ejecutado por la Pastoral Social.  

UN NEGOCIO SIN CONTROL 

El Código Penal colombiano considera en el artículo 305 la usura como un delito cuyas penas oscilan entre 32 a 90 meses de prisión. Es decir, que quien reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, incurrirá en este delito. 

Sin embargo, los ‘gota a gota’ no hacen parte formal del sistema financiero, por tanto, su control económico es casi nulo, al menos que existan investigaciones penales en casos específicos, debido a que el dinero que circula en ese negocio provendría de organizaciones criminales.  

“El control a ellos es como el de cualquier ciudadano. Por parte de la Policía se solicita documentación de los vehículos que se transporta, se miran antecedentes penales, se hace requisa para ver si llevan armas que en la mayoría de los casos no la tienen… Por la informalidad que manejan es difícil tomar acciones o alguna medida en contra de ellos”, manifestó Felipe Murgas, secretario de Gobierno de Valledupar. 

El economista e investigador Fernando Herrera Araújo, director de CESORE, explicó que para minimizar o acabar el oficio se debe ampliar o democratizar el sector financiero, el cual es muy selectivo para la entrega de créditos. 

“Se habla de soluciones unas ya comentadas. Hay que democratizar el crédito, pero no solo el crédito también puede ser el capital inicial, recursos no reembolsables, asistencia técnica para pequeños productores, marketing, mercados, acompañamientos, préstamos solidarios y proyectos comunitarios, estos también son alternativas al cobradiario, es decir, tratar de fomentar no solo apunta de préstamos sino también de proyectos, de ayuda en mercadeo”, explicó Herrera Araújo.