La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado crímenes de guerra y lesa humanidad a cinco excomandantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP, estructura responsable de 632 casos de 4.213 víctimas acreditadas en la historia del conflicto armado del Caribe colombiano. El caso de la exministra de Cultura Consuelo “La Cacica” Araújo, secuestrada y asesinada en 2001 en un retén ilegal, se convierte en símbolo de la brutalidad, la lógica de los retenes y la responsabilidad de mando que caracterizó el accionar de este bloque en regiones como el Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá.
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Esta imputación sucede solo dos días después de que la JEP, en cabeza de la magistrada Caterina Heyck Puyana, abriera un incidente de incumplimiento contra siete miembros retirados del Ejército Nacional, en el marco del Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y zonas adyacentes del Caso 09. Esta investigación se centra en crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos durante el conflicto armado, específicamente la desaparición y homicidio de tres mamos arhuacos y la tortura de dos indígenas de la misma comunidad en 1990.
