Una vez asuman sus curules como representantes a la Cámara por el departamento del Cesar el próximo 20 de julio, los procesos judiciales que enfrentan Mello Castro y Alexandra Pineda cambiarán de jurisdicción.
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Por mandato constitucional, los expedientes saldrán de la Fiscalía General y serán trasladados a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal con la competencia legal para investigarlos durante su periodo legislativo.
En el caso de Alexandra Pineda, la congresista electa enfrenta tres investigaciones contra la administración pública. A la representante del Pacto Histórico la investigan principalmente por denuncias presentadas durante su paso por la Agencia Nacional de Tierras, relacionadas con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento y peculado por apropiación.
