La representante a la Cámara y actual candidata al Senado, Jennifer Pedraza, instauró una Acción Popular en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, alegando la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
El recurso legal busca que la justicia ordene la revocatoria inmediata del decreto mediante el cual se designó a Juliana Guerrero Jiménez como delegada del Gobierno nacional ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar.
Antecedente del caso
El origen de la controversia se remonta a mediados de 2025, cuando Guerrero Jiménez, quien ya fungía como delegada en la UPC, aspiró al cargo de Viceministra de la Juventud en el Ministerio de Igualdad. En ese momento, diversas veedurías y la misma congresista Pedraza denunciaron inconsistencias graves en su hoja de vida: en cuestión de quince días, la funcionaria pasó de no registrar estudios superiores finalizados a presentar un título profesional de Contadora Pública otorgado por la Fundación de Educación Superior San José.
