El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una acción popular interpuesta por el abogado Álvaro Castilla en contra de la Gobernación del Cesar y las alcaldías de Valledupar y El Paso. En la demanda, el abogado pide al Tribunal ordenar a las autoridades a poner en funcionamiento el Acueducto Regional de los corregimientos de Caracolí, Los Venados, El Perro y Guaimaral, del municipio de Valledupar, y el corregimiento El Vallito, de El Paso.
Esta obra contratada por la Gobernación del Cesar por más de $8.871 millones inició en octubre de 2013 y la promesa era que en 8 meses debía entrar en funcionamiento para solucionar el problema de agua en estos territorios.
Sin embargo, explicó el abogado Castilla, por la falta de planificación, el contrato sufrió interrupciones. Incluso, señaló que aunque las obras no se desarrollaron conforme a las actividades planificadas, “el contrato fue liquidado y la obra entregada y recibida por el contratante (Departamento del Cesar)”.
