El Juzgado Séptimo Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Valledupar acogió la solicitud de la Procuraduría General de la Nación y ordenó la protección del derecho a la salubridad pública de los habitantes del municipio de Chimichagua.
De esta manera, el órgano judicial ordenó “amparar los derechos colectivos, al goce de un ambiente sano y el acceso a una infraestructura de servicio que garantice la salud pública de los habitantes de Chimichagua”.
Así las cosas, la alcaldesa Maritza Pérez Ramírez deberá en el término de seis meses adelantar las gestiones técnicas, administrativas, presupuestales y financieras necesarias para las adecuaciones sanitarias del cementerio y la morgue del municipio.
En una acción popular el Minsiterio Público señaló que el cementerio y la morgue no cumplían con la normatividad vigente, en especial con el área de exhumaciones y que la irregular disposición final de los residuos ponía en riesgo la salud de los habitantes de esta población.
