En el asesinato de Amparo Leonor Jiménez Pallares, ocurrido el 11 de agosto de 1998 en Valledupar, hay un “error” de Estado que llama la atención: el sicario de la periodista, para el momento de los hechos, debía estar privado de la libertad, “de manera errónea fue dejado en libertad por el Inpec, ya que debía estar recluido en la Cárcel Judicial de Santa Marta cumpliendo una condena de 20 años y 10 meses de prisión”. El 22 de agosto, 11 días después, la Policía recapturó a Libardo Humberto Prado Bayona tras perpetrar el homicidio de Jiménez Pallares, según el informe ‘La palabra y el silencio – la violencia contra periodistas en Colombia’, del Centro Nacional de Memoria Histórica. 

La Sentencia 1999-00606 del 19 de octubre de 2011, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro de los elementos probatorios, evidencia que Libardo Prado Bayona estuvo recluido en la Cárcel Judicial de Santa Marta desde el 7 de marzo de 1995 hasta el 16 de noviembre del mismo año, cuando fue puesto en libertad sin tener en cuenta que el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Santa Marta lo había condenado a 20 años 10 meses de prisión por el delito de homicidio, mediante providencia del 30 de octubre de 1995, la cual había sido notificada el primero de noviembre de 1995 a la Cárcel Judicial de Santa Marta: “El insuceso ocurrió por un error cometido en la oficina jurídica de este centro carcelario, por haber dado trámite a una orden de excarcelación expedida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de esta ciudad en favor del interno Libardo Humberto Prado Bayona con ocasión de otro proceso que cursaba en ese despacho por el delito de homicidio, resultando absuelto”. (Legis, 2011).

A pesar de este error, Prado Bayona, un sicario reconocido por las autoridades judiciales y de Policía, estuvo en libertad durante casi tres años. El caso de Prado Bayona no es el único en el que se deja en la calle a una persona que debía estar privada de la libertad pagando una condena. Es de público conocimiento que históricamente ha habido sicarios e informantes al servicio del Estado. Luego entonces: ¿el crimen de Amparo se perpetró en medio de un “error” o una cadena de acciones que hacían parte de una estrategia de ‘Mercenarismo de Estado’?  

El Consejo de Estado reconoció una responsabilidad del Estado por el asesinato de Amparo y condenó a la Nación y al Inpec a una acción de reparación directa a los familiares de la periodista y defensora de derechos humanos. “En cumplimiento de la sentencia de segunda instancia, de carácter administrativo, que emitió el Consejo de Estado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ofreció excusas públicas el 16 de febrero de 2012 a los familiares de la periodista Amparo Jiménez”, según reza en el artículo ‘INPEC reconoce responsabilidad y pide perdón por el asesinato de la periodista Amparo Leonor Jiménez’ (FLIP, 2012). Así las cosas, un funcionario del Inpec pidió perdón en nombre del Estado a la familia de Amparo Jiménez Pallares: “Inexplicablemente, el reo ya estaba en libertad para la fecha del homicidio de la periodista. Se le concedió la libertad omitiendo revisar la cartilla biográfica de Prado donde reposaba una condena a 20 años y 10 meses por el delito de homicidio…”. (Fecolper, 2015).

El proceso por el asesinato de Amparo presentó dilaciones en la etapa de juicio, amenazas y atentados, según testimonio de Ricardo de la Hoz, abogado de la parte civil en el caso Amparo. Libardo Prada Bayona fue condenado por el homicidio de Amparo, pero el caso sigue impune frente a los determinadores del crimen. 

¿AMPARO DIMENSIONÓ A QUIÉNES O A QUÉ SE ENFRENTABA?

Amparo adquirió notoriedad periodística como corresponsal de los noticieros de televisión Q.A.P., y En Vivo, siendo víctima de constantes amenazas, además fue una activista de la paz e hizo parte de programas de derechos humanos del Gobierno nacional; fungía como coordinadora de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz (Redepaz) para el Cesar y La Guajira, además se desempeñaba como delegada del Programa Presidencial para la Reinserción. 

Amparo había recibido varias amenazas contra su vida, pero su activismo en la construcción de paz en el territorio, la vocación de periodista y la defensa de los derechos humanos no le permitieron dimensionar que estaba enfrentada a una estrategia de “refundación del Estado” que incluía silenciar y asesinar periodistas, si era necesario. 

El 14 de febrero de 1996, Amparo como corresponsal del noticiero Q.A.P. fue víctima de intimidaciones y amenazas “por militares y paramilitares para que dejara el tema y entregara el material grabado” cuando cubría el desalojo violento de unas 170 familias que ocupaban los predios de la Hacienda Bellacruz, propiedad de la familia Marulanda, según el proyecto Impunidad. Según denuncias de los pobladores ante instituciones del Estado local y nacional, “fueron obligados a salir por grupos que ellos señalan como paramilitares, los cuales actuaron en medio de la impunidad”. Según las denuncias, un comando armado de unos 40 hombres llegó a la hacienda, violentaron a los campesinos, quemaron sus viviendas y los obligaron a abandonar sus casas y sus cultivos con la amenaza de asesinarlos si retornaban. (Sociedad Interamericana de Prensa). En los hechos participaron miembros de la Policía y el Ejército, según información de prensa consultada en diferentes fuentes.

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Los labriegos buscaron el amparo, protección y garantías en derecho y justicia del Estado local, “pero los alcaldes de los municipios de La Gloria, Tamalameque, Pelaya, Pailitas y Valledupar, y el gobernador del departamento del Cesar, coincidieron en responder que era «mejor desocupar el predio para que no hubiera una masacre». (Codhes, 2003). Ante la falta de garantías locales, los desplazados buscaron una interlocución con el Ministerio del Interior para “garantizar la protección de la población por parte del Gobierno nacional y la gestión para la titulación de la tierra”, logrando un acuerdo fallido. En retaliación fueron asesinados el profesor Jaime Laguna y varios campesinos. (Codhes, 2003).

“En principio fue el crimen del docente Jaime Laguna, el 8 de mayo de 1996. Luego, el asesinato de Eliseo y Eder Narváez, líderes de recuperación de tierras en Bellacruz, el 4 de junio. En noviembre de 1996 fue muerto Jesús Toscano. Días después se produjo la muerte violenta de Diosenel, Dinael y José del Carmen Toscano”. (El Espectador, 21 de agosto de 2018).

Los campesinos permanecieron en un campamento humanitario y luego se desplazaron a Bogotá. Tras una disputa con el uso de la fuerza de ejércitos privados, dilación de la justicia, vencimiento de términos de los procesos, amenazas y tortura a funcionarios públicos, los labriegos fueron finalmente desterrados. 

Ante la negligencia del Estado local y nacional de garantizar los derechos de los campesinos reclamantes, la solución fue regarlos por el país: las familias fueron reubicadas en la hacienda La Miel, en Ibagué, Tolima, otras fueron reubicadas en la finca Los Cámbulos de Guayabal, Tolima, otros en La Cochinilla, Norte de Santander. Un grupo no se acogió a las ayudas del Estado y otro grupo desistió de ellas, se infiere por factores de seguridad y desconfianza en los organismos gubernamentales. (Codhes, 2003).

El desalojo, despojo y desplazamiento forzado violento se dio luego de que el Estado, a través del entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, ordenara realizar los trámites de titulación de esos predios a los campesinos en el marco de las resoluciones 1551 de abril 20 de 1994, 1125 del 13 de marzo de 1996 y la Ley de Reforma Agraria. El proceso de titulación no se pudo llevar a cabo. (Codhes, 2003).

En medio de los actos violentos, las autoridades restringieron la labor de la prensa por tratarse de una zona en conflicto; sin embargo, la periodista Amparo Jiménez Pallares procedió a hacer su trabajo periodístico en el marco de la libertad de prensa. Una vez cumplida su labor en el lugar de los hechos, cuando se disponía a regresar a Valledupar: “Ella y su camarógrafo fueron despojados de su agenda de trabajo, las grabaciones y la cámara”. La comunicadora denunció y narró el hecho violatorio de la libertad de prensa y expresión al canal regional Telecaribe. (Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, 2001). 

“Al parecer, el asesinato estuvo relacionado con una información delicada que le había entregado a un medio de comunicación local sobre el desplazamiento de unos pobladores por grupos paramilitares”. (FLIP, 2012). Un testigo denunció una conversación que habría sostenido Libardo Bayona, “en la que contaba que un jefe paramilitar había encargado matar a la periodista por una información que le había dado a Telecaribe”, (SIP), en referencia a la entrevista concedida por Amparo después de la intimidación y amenazas de las que fue víctima en la hacienda Bellacruz.

EL PLEITO DE LA BELLACRUZ

Los predios de la hacienda Bellacruz han estado inmersos en un pleito por la tenencia de la tierra en medio de un proceso de acciones legales e ilegales entre la familia Marulanda, campesinos y colonos de la región, quienes desde la década del cincuenta ocuparon los terrenos que reclamaron como baldíos en una lucha constante por la tenencia de la tierra. (Codhes, 2003). En medio de la disputa, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se tomó la hacienda, asesinó a la administradora y tres empleadas, provocando el abandono de las tierras, según el artículo ‘La historia sin fin de La Bellacruz’ (Verdad Abierta).

El inicio del conflicto de la Bellacruz se remonta a la migración colonial de Alberto Marulanda Grillo, quien llegó al sur del Cesar hacia 1940 y compró cuatro predios que representaban unas 100 hectáreas de tierra en predios en los que había campesinos en territorios baldíos de la nación (El Espectador).

En 1999, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de Carlos Arturo Marulanda por delitos relacionados con la formación de grupos paramilitares y por los hechos que tuvieron lugar en la hacienda Bellacruz en 1996. Su hermano, Francisco Alberto Marulanda Ramírez fue detenido en mayo de 1998 por cargos relacionados con el mismo caso. Carlos Arturo Marulanda estuvo detenido en España desde julio de 2001 por cargos relacionados con el desalojo forzoso de campesinos de la hacienda Bellacruz. 

Fue extraditado a Colombia el 13 de octubre de 2002 y puesto en libertad el 1 de noviembre de 2002 tras retirarse los cargos en su contra por colaboración con grupos paramilitares (Amnistía). Francisco Alberto fue condenado en julio de 2003, pero en segunda instancia fue absuelto por el Tribunal Superior de Magdalena. (Verdad Abierta, 2014).

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Carlos Arturo Marulanda Ramírez se desempeñó como ministro de Desarrollo en el año 1988, durante el gobierno de Virgilio Barco, y embajador de Colombia en Bélgica con poderes plenipotenciarios ante la Unión Europea entre 1994-1996 y elegido representante a la Cámara por el departamento del Cesar (Codhes, 2003).

Según información publicada por el portal Verdad Abierta del 20 de noviembre de 2014, la Unidad de Justicia y Paz le pidió a la justicia ordinaria reabrir la investigación contra Carlos Arturo Marulanda y su hermano Francisco Alberto por los hechos sucedidos en los predios de la hacienda Bellacruz.

Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, comandante del frente Héctor Julio Peinado, reconoció que “los hermanos Marulanda les pagaron a sus hombres para desplazar a las 64 familias campesinas que iban a ser tituladas por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) en predios de La Bellacruz”. 

En abril de 2010, Alfredo Ballena, alias Rancho, subalterno de ‘Juancho Prada’, confesó ante la Unidad de Justicia y Paz que “en marzo de 1996 el comandante ‘Paso’ fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar, conocido con el alias de Caballito, para montar una unidad de las AUC en la finca Bellacruz”. Manuel Alfredo Rincón ‘Paso’ o ‘Manaure’, investigado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos, en indagatoria del 11 de agosto de 2014 testificó que “los hermanos Carlos Arturo y Francisco Alberto lo contrataron para desplazar a los campesinos de La Bellacruz…”. Según ‘Paso’, la operación contó con la complicidad de un oficial de la base militar de Ayacucho con sede en La Gloria, sur del Cesar. (Verdad Abierta, 2014).

Según lo informado por el periódico El Espectador el 29 de julio de 2020, en el trabajo titulado ‘El caso de la hacienda Bellacruz, en manos de la Comisión de la Verdad’, la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitió una sentencia en la que se precisa, según la Fiscalía, quiénes fueron los responsables de lo ocurrido en la Bellacruz: 

“Fue un pacto entre el señor Francisco Alberto Marulanda y el comandante paramilitar Juan Francisco Prada para que la estructura armada ilegal al mando de este desplazara a las familias asentadas en los predios que conformaban o estaban circundantes a la propiedad de la citada familia. Para lograrlo, concertaron con el paramilitar Manuel Alfredo Rincón y el administrador de la hacienda, Edgar Rodríguez o Caballito, la incursión armada de hombres del Frente Héctor Julio Peinado a las veredas en las que estaban asentados los campesinos” (Espectador, 2020).

En 2008, las empresas de la familia Marulanda fueron vendidas. La Bellacruz pasó a llamarse La Gloria y las tierras destinadas al cultivo de palma de aceite.

El 21 de agosto de 2018, el trabajo titulado Caso Bellacruz, crimen de lesa humanidad, publicado por el periódico El Espectador, informó que “la Fiscalía decidió investigar como crimen de lesa humanidad lo que aconteció en la zona a partir de 1996, cuando por medio del desplazamiento forzado o el homicidio, entre otros delitos, se fraguó una acción sistemática de violencia contra la población campesina”.

Recientemente, la Fundación de Comité de Solidaridad con los Presos Políticos presentó el informe ‘Cuando tenga la tierra’ que documenta cómo se configuró el despojo de tierras en la Bellacruz, en los municipios de Pelaya, La Gloria y Tamalameque, en el sur del Cesar, “que pasó de tener 100 hectáreas a más de 22.000, y luego a convertirse en un complejo de palma de aceite en cabeza del empresario Germán Efromovich”, quien ha manifestado que ‘el negocio se hizo de buena fe’. La Corte Constitucional resolvió una tutela impetrada por los campesinos y decidió que 1.500 hectáreas son baldíos de la nación, ordenando a la autoridad competente recuperar los terrenos y adjudicarlas a los campesinos reclamantes (El Espectador, 2020). Los campesinos siguen reclamando sus tierras y el crimen de Amparo permanece en la impunidad.

Por: Hamilton Fuentes