De seguir este proceder del Ministerio de Educación, según los rectores de colegios públicos y organizaciones sindicales, nuevamente los padres de familia tendrían que pagar los costos de funcionamiento y mantenimiento de los establecimientos educativos, acabándose así la gratuidad escolar.
Sin dinero suficiente para tinta, borradores, marcadores, mantenimiento de computadores, alumbrado, pintura, aires acondicionados, abanicos y baterías sanitarias, arreglo de cubiertas, poda de árboles y maleza, insumos para laboratorios, papelería, elementos de aseo, entre otros menesteres, se encuentran los colegios públicos de Valledupar y del resto del país.
La razón: el Ministerio de Educación ha disminuido considerablemente las transferencias de recursos de gratuidad desde hace tres años hasta la fecha. Por ejemplo, en el 2017 para la zona urbana en el nivel de transición otorgaban $91.722 por estudiante pero en el 2018 bajaron a $76.095, y en el 2019 proyectan entregar $74.279; durante el 2017 en el nivel básica (que va de sexto a noveno grado) estaba estipulado $81.001, en el 2018 quedó en $67.201, y en el 2019 será $65.597; durante el 2017 en el nivel media (que va de décimo a once) estaba en $121.501, en el 2018 en $100.801, y en el 2019 quedó estipulado en $98.395.
Ante esta situación, los rectores de los colegios públicos de Valledupar enfatizan en que los rubros entregados no alcanzan para hacer los mantenimientos y la adquisición de los insumos durante todo el año, por lo que las condiciones de estudio para los niños y jóvenes de bajos recursos no son las mejores. De seguir este comportamiento temen que los padres de familia tengan que pagar estos costos, como se daba en el pasado, acabándose así la gratuidad escolar.
El rector del Colegio Nacional Loperena, Gonzalo Quiroz Martínez, manifestó que el Gobierno Nacional en vez de aumentarle el ingreso a los colegios lo que hace es disminuir. El Colegio Loperena ha perdido del 2017 al 2019 35 mil pesos por estudiante. En la actualidad recibe 100 millones de pesos menos que hace dos años.
A través de su cuenta de Twitter aseveró: “El equivalente a $250 diarios es lo que le va a girar el Ministerio de Educación a las instituciones educativas oficiales este año, lo que representa $7.500 mensuales, es decir $75.000 al año por estudiante. Dónde están los parlamentarios, entre estos los del Cesar, para que conozcan la gratuidad escolar que manda el gobierno de Iván Duque a las instituciones educativas y que ellos aprueban en el Plan de Desarrollo. ¿Esto no amerita un debate?”.
Por su parte, el rector del CASD, Ever Ruiz, dijo: “Lamentamos que el Ministerio de Educación esté siendo tan inconsecuente con el mejoramiento y el buen desarrollo de las instituciones educativas, que no tiene ninguna explicación lógica, que en vez de aumentar los recursos estén disminuyendo de manera significativa. En el caso del CASD el año pasado nos disminuyeron 40 millones de pesos, este año no sabemos cuándo nos van a girar porque el desorden del Ministerio de Educación no incluyó a este colegio en la resolución de gratuidad”.
Comentó: “Ojalá que el Ministerio de Educación gire los recursos antes de iniciar el calendario escolar porque las instituciones hay que prepararlas previamente, puesto que los que estamos acá somos personas, no animales; tenemos estudiantes de bajos recursos, pero que se merecen respeto. La norma dice que no se puede acreditar o comprar si no tenemos los recursos en la cuenta oficial de la institución. Cómo vamos a cumplir con ello si los recursos llegan tardíos”.
A su turno, el rector del colegio Upar, Jarvin Olivella Socarras, afirmó que “esta situación es muy compleja porque va en deterioro de la calidad de la educación y del derecho que tienen los estudiantes de recibir una educación digna. La disminución de los recursos se da debido a la desfinanciación que hoy enfrenta la cartera de educación, parece que el Gobierno central no ve la educación como una inversión, sino como un gasto. Esto hace que las necesidades que se tienen que satisfacer con estos recursos sigan insatisfechas”.
Aseguró que pese a que año tras año los rubros para las instituciones educativas son disminuidos, cada actividad, reparación o mantenimiento que se hace tiene un valor mayor.
VOZ DE LOS SINDICATOS
Al respecto, el presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, Manuel Villalba Mozo, manifestó: “Ante el Ministerio de Educación hemos enviado unas quejas porque anualmente vienen recortando los recursos a las instituciones educativas. Esto les imposibilita a los rectores suplir muchas de las deficiencias que se viven al interior de los colegios porque no cuentan con los recursos necesarios. Hay unas políticas de estado que son de reajuste fiscal, donde el Estado viene recortando en todos los sectores, no solo en la educación, por el supuesto hueco fiscal que tiene el Gobierno, pero lo quieren tapar con los recursos de salud, educación e inversión social, lo quieren sacar de ‘los hombros’ de los trabajadores y recortarle los derechos a la población social. Como organización sindical estamos en desacuerdo que mientras que se despilfarran recursos en otras inversiones el Gobierno siga con esas políticas de reajuste fiscal”.
El integrante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, en representación de la región Caribe, Fabio Herrera Martínez, aseguró: “La semana que entra tenemos un constructivo con los rectores, que son las personas que más se ven afectadas de forma directa con este descuento porque lo que están enviando no alcanza ni siquiera para comprar los elementos de aseo, ni otras necesidades que corresponde al establecimiento educativo. Estamos invitando a la Asociación de Rectores a que se pronuncien, hacer un ejercicio con ellos para demostrar la insuficiencia de los recursos y exigirle al Gobierno el incremento, tal cual como debe ser, por lo que significa la canasta educativa”.
Sustentó: “La canasta son los elementos que se deben tener en cuenta para la prestación del servicio público. Un niño tiene un valor en educación básica y media, el valor total de lo que cuesta un niño se divide y es lo que significa la canasta educativa per cápita, o sea por cabeza. Hoy en día los establecimientos privados en concesión le están ofreciendo mucho más que el establecimiento público. Exigimos que se iguale o se mejore el tema de lo público para garantizar que el servicio de educación no esté en las condiciones actuales”.
MUNICIPIO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS RECTORES
El secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute, se mostró en la misma línea que los rectores. “Esta ha sido una queja ante el Ministerio de Educación Municipal, en donde año tras año se han disminuido los recursos a las instituciones educativas con motivo de la gratuidad en los colegios oficiales. Hoy se recibe menos recursos que con respecto al 2017. Ha venido siendo sistemático la desfinanciación en los diferentes programas escolares que tiene el Gobierno Nacional como el de alimentación y transporte, donde los municipios se están viendo obligados a buscar recursos para lograr la financiación de estos programas”, indicó.
Agregó que “el llamado que se le hace a la ministra de Educación es que debe dar mayores recursos y no quitarle para invertirlo en otros sectores, puesto que se ven en dificultad los colegios. Hoy bajo el aspecto de gratuidad el padre de familia se cohíbe de dar un peso, esperando que el Gobierno financie todo lo que tiene que ver con la educación y resulta que el Gobierno le gira cada vez menos a las instituciones educativas, por lo que debe haber un esfuerzo financiero mayor para las instituciones educativas oficiales”.
Por ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/ EL PILÓN
[email protected]
De seguir este proceder del Ministerio de Educación, según los rectores de colegios públicos y organizaciones sindicales, nuevamente los padres de familia tendrían que pagar los costos de funcionamiento y mantenimiento de los establecimientos educativos, acabándose así la gratuidad escolar.
Sin dinero suficiente para tinta, borradores, marcadores, mantenimiento de computadores, alumbrado, pintura, aires acondicionados, abanicos y baterías sanitarias, arreglo de cubiertas, poda de árboles y maleza, insumos para laboratorios, papelería, elementos de aseo, entre otros menesteres, se encuentran los colegios públicos de Valledupar y del resto del país.
La razón: el Ministerio de Educación ha disminuido considerablemente las transferencias de recursos de gratuidad desde hace tres años hasta la fecha. Por ejemplo, en el 2017 para la zona urbana en el nivel de transición otorgaban $91.722 por estudiante pero en el 2018 bajaron a $76.095, y en el 2019 proyectan entregar $74.279; durante el 2017 en el nivel básica (que va de sexto a noveno grado) estaba estipulado $81.001, en el 2018 quedó en $67.201, y en el 2019 será $65.597; durante el 2017 en el nivel media (que va de décimo a once) estaba en $121.501, en el 2018 en $100.801, y en el 2019 quedó estipulado en $98.395.
Ante esta situación, los rectores de los colegios públicos de Valledupar enfatizan en que los rubros entregados no alcanzan para hacer los mantenimientos y la adquisición de los insumos durante todo el año, por lo que las condiciones de estudio para los niños y jóvenes de bajos recursos no son las mejores. De seguir este comportamiento temen que los padres de familia tengan que pagar estos costos, como se daba en el pasado, acabándose así la gratuidad escolar.
El rector del Colegio Nacional Loperena, Gonzalo Quiroz Martínez, manifestó que el Gobierno Nacional en vez de aumentarle el ingreso a los colegios lo que hace es disminuir. El Colegio Loperena ha perdido del 2017 al 2019 35 mil pesos por estudiante. En la actualidad recibe 100 millones de pesos menos que hace dos años.
A través de su cuenta de Twitter aseveró: “El equivalente a $250 diarios es lo que le va a girar el Ministerio de Educación a las instituciones educativas oficiales este año, lo que representa $7.500 mensuales, es decir $75.000 al año por estudiante. Dónde están los parlamentarios, entre estos los del Cesar, para que conozcan la gratuidad escolar que manda el gobierno de Iván Duque a las instituciones educativas y que ellos aprueban en el Plan de Desarrollo. ¿Esto no amerita un debate?”.
Por su parte, el rector del CASD, Ever Ruiz, dijo: “Lamentamos que el Ministerio de Educación esté siendo tan inconsecuente con el mejoramiento y el buen desarrollo de las instituciones educativas, que no tiene ninguna explicación lógica, que en vez de aumentar los recursos estén disminuyendo de manera significativa. En el caso del CASD el año pasado nos disminuyeron 40 millones de pesos, este año no sabemos cuándo nos van a girar porque el desorden del Ministerio de Educación no incluyó a este colegio en la resolución de gratuidad”.
Comentó: “Ojalá que el Ministerio de Educación gire los recursos antes de iniciar el calendario escolar porque las instituciones hay que prepararlas previamente, puesto que los que estamos acá somos personas, no animales; tenemos estudiantes de bajos recursos, pero que se merecen respeto. La norma dice que no se puede acreditar o comprar si no tenemos los recursos en la cuenta oficial de la institución. Cómo vamos a cumplir con ello si los recursos llegan tardíos”.
A su turno, el rector del colegio Upar, Jarvin Olivella Socarras, afirmó que “esta situación es muy compleja porque va en deterioro de la calidad de la educación y del derecho que tienen los estudiantes de recibir una educación digna. La disminución de los recursos se da debido a la desfinanciación que hoy enfrenta la cartera de educación, parece que el Gobierno central no ve la educación como una inversión, sino como un gasto. Esto hace que las necesidades que se tienen que satisfacer con estos recursos sigan insatisfechas”.
Aseguró que pese a que año tras año los rubros para las instituciones educativas son disminuidos, cada actividad, reparación o mantenimiento que se hace tiene un valor mayor.
VOZ DE LOS SINDICATOS
Al respecto, el presidente de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, Manuel Villalba Mozo, manifestó: “Ante el Ministerio de Educación hemos enviado unas quejas porque anualmente vienen recortando los recursos a las instituciones educativas. Esto les imposibilita a los rectores suplir muchas de las deficiencias que se viven al interior de los colegios porque no cuentan con los recursos necesarios. Hay unas políticas de estado que son de reajuste fiscal, donde el Estado viene recortando en todos los sectores, no solo en la educación, por el supuesto hueco fiscal que tiene el Gobierno, pero lo quieren tapar con los recursos de salud, educación e inversión social, lo quieren sacar de ‘los hombros’ de los trabajadores y recortarle los derechos a la población social. Como organización sindical estamos en desacuerdo que mientras que se despilfarran recursos en otras inversiones el Gobierno siga con esas políticas de reajuste fiscal”.
El integrante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, en representación de la región Caribe, Fabio Herrera Martínez, aseguró: “La semana que entra tenemos un constructivo con los rectores, que son las personas que más se ven afectadas de forma directa con este descuento porque lo que están enviando no alcanza ni siquiera para comprar los elementos de aseo, ni otras necesidades que corresponde al establecimiento educativo. Estamos invitando a la Asociación de Rectores a que se pronuncien, hacer un ejercicio con ellos para demostrar la insuficiencia de los recursos y exigirle al Gobierno el incremento, tal cual como debe ser, por lo que significa la canasta educativa”.
Sustentó: “La canasta son los elementos que se deben tener en cuenta para la prestación del servicio público. Un niño tiene un valor en educación básica y media, el valor total de lo que cuesta un niño se divide y es lo que significa la canasta educativa per cápita, o sea por cabeza. Hoy en día los establecimientos privados en concesión le están ofreciendo mucho más que el establecimiento público. Exigimos que se iguale o se mejore el tema de lo público para garantizar que el servicio de educación no esté en las condiciones actuales”.
MUNICIPIO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS RECTORES
El secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute, se mostró en la misma línea que los rectores. “Esta ha sido una queja ante el Ministerio de Educación Municipal, en donde año tras año se han disminuido los recursos a las instituciones educativas con motivo de la gratuidad en los colegios oficiales. Hoy se recibe menos recursos que con respecto al 2017. Ha venido siendo sistemático la desfinanciación en los diferentes programas escolares que tiene el Gobierno Nacional como el de alimentación y transporte, donde los municipios se están viendo obligados a buscar recursos para lograr la financiación de estos programas”, indicó.
Agregó que “el llamado que se le hace a la ministra de Educación es que debe dar mayores recursos y no quitarle para invertirlo en otros sectores, puesto que se ven en dificultad los colegios. Hoy bajo el aspecto de gratuidad el padre de familia se cohíbe de dar un peso, esperando que el Gobierno financie todo lo que tiene que ver con la educación y resulta que el Gobierno le gira cada vez menos a las instituciones educativas, por lo que debe haber un esfuerzo financiero mayor para las instituciones educativas oficiales”.
Por ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/ EL PILÓN
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