El documento evidencia graves retos sociales y económicos, pero resalta el deseo de superación y aporte social del 22 % de personas con discapacidad, registradas en el departamento, a la expectativa de que se combatan los subregistros.
El departamento del Cesar marcó un antes y un después en la historia de la inclusión social al aprobar, por unanimidad, en la Asamblea Departamental, la primera política pública de discapacidad e inclusión social 2025-2035, este lunes 19 de mayo del año en curso. La ordenanza 301, resultado de años de trabajo conjunto entre organizaciones de personas con discapacidad, líderes sociales, diputados y la administración departamental, representa un compromiso sin precedentes con la dignidad, los derechos y la equidad para más de 40.800 cesarenses con discapacidad.
El camino hacia la aprobación de esta política pública fue arduo, pero participativo. Silvia Enrique Acosta, persona con discapacidad múltiple y representante legal de la organización de personas con discapacidad múltiple de Valledupar, expresó emocionada: “He esperado este día ansiosamente. Me siento satisfecha y contenta de brindar mi voto positivo. Esta política reconoce que no somos personas en condiciones, sino personas con discapacidad con una protección especial constitucional del gobierno. Eso es lo que debe quedar claro”.
Durante la sesión, Silvia hizo un llamado a que la política no sea solo un documento, sino una realidad viva: “Queremos que no existan barreras y que en la trazabilidad del desarrollo de este proceso, como lo dijeron, son 10 años, pero ya estamos atrasados, son 9 años y medio porque ya estamos en junio de 2025. Vamos a vigilar que todas las sectoriales hagan sus inversiones sociales a este proyecto y que todo sea transparente, sin barreras”.
La política pública aprobada se estructura en cinco ejes estratégicos y 26 líneas programáticas, que abordan desde la transformación de lo público y la garantía jurídica, hasta la participación política, el acceso a la salud, la educación, la cultura, el deporte, la protección social y la generación de ingresos. Incluye 112 acciones afirmativas, de las cuales al menos 65 serán priorizadas en el actual periodo de gobierno.
El documento técnico, que consta de 123 páginas, fue elaborado a partir de un proceso participativo con las bases comunitarias y recoge las voces de las siete condiciones de discapacidad reconocidas en el departamento. Esta política pública se propone enfrentar retos significativos, pues actualmente el 12,74 % de las personas con discapacidad en Cesar no está afiliado a ningún sistema de salud, el 43,53 % no sabe leer ni escribir, el 51,73 % no cuenta con vivienda propia y el 59,1 % carece de ingresos económicos. Sin embargo, el documento también resalta el potencial y las aspiraciones de esta población, ya que un 22 % de las personas con discapacidad manifiesta su deseo de continuar estudiando y contribuir activamente a la sociedad.
La gobernadora Elvia Milena Sanjuán destacó el carácter histórico de la aprobación y el compromiso del gobierno departamental: “Estar aquí y vivir con ustedes esa votación completa de los 11 honorables diputados es la defensa por la garantía de derechos, la eliminación de barreras y la inclusión social y laboral. Este no es un punto final, sino un punto de partida para arrancar acciones distintas. Si queremos resultados diferentes, debemos atender con acciones distintas las problemáticas”.
Sanjuán también hizo un llamado al gobierno nacional para destrabar recursos en el Ministerio de la Igualdad y reconoció la labor de los cuidadores: “El programa ‘Mi capacidad es mayor’ tocó la fibra de todos al ver a la persona con discapacidad y al cuidador, quien dedica su vida sin tener la oportunidad de garantizar sus ingresos. Debemos priorizar recursos y seguir trabajando en la asistencia y rehabilitación”.
Teresa Pacheco Vega, líder indígena, resaltó la importancia de la política para los pueblos indígenas y la necesidad de que “no se quede en papel, sino que seamos visibilizados en todo el nivel nacional”. Invitó a la unidad:“Trabajemos en avance y prosigamos a hacer el cambio de nuestras discapacidades en el departamento y a nivel nacional”.
Desde la Asamblea, los diputados ponentes subrayaron: “Esto no es solo un documento. Es una vitrina viva de justicia social, de equidad y de humanidad. Ninguna persona con discapacidad será invisible en el departamento del Cesar”.
Con más de 10.000 millones de pesos destinados en lo que resta del actual gobierno, la política pública de discapacidad e inclusión social 2025-2035 del Cesar se convierte en un modelo para el país. Su éxito dependerá del cumplimiento, la vigilancia social y la articulación intersectorial.
“Bienvenida sea la ordenanza 301 en el departamento del Cesar, una ruta de trabajo, compromiso, amor, afecto y mucha responsabilidad con esta población”, concluyó la gobernadora Sanjuán.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
El documento evidencia graves retos sociales y económicos, pero resalta el deseo de superación y aporte social del 22 % de personas con discapacidad, registradas en el departamento, a la expectativa de que se combatan los subregistros.
El departamento del Cesar marcó un antes y un después en la historia de la inclusión social al aprobar, por unanimidad, en la Asamblea Departamental, la primera política pública de discapacidad e inclusión social 2025-2035, este lunes 19 de mayo del año en curso. La ordenanza 301, resultado de años de trabajo conjunto entre organizaciones de personas con discapacidad, líderes sociales, diputados y la administración departamental, representa un compromiso sin precedentes con la dignidad, los derechos y la equidad para más de 40.800 cesarenses con discapacidad.
El camino hacia la aprobación de esta política pública fue arduo, pero participativo. Silvia Enrique Acosta, persona con discapacidad múltiple y representante legal de la organización de personas con discapacidad múltiple de Valledupar, expresó emocionada: “He esperado este día ansiosamente. Me siento satisfecha y contenta de brindar mi voto positivo. Esta política reconoce que no somos personas en condiciones, sino personas con discapacidad con una protección especial constitucional del gobierno. Eso es lo que debe quedar claro”.
Durante la sesión, Silvia hizo un llamado a que la política no sea solo un documento, sino una realidad viva: “Queremos que no existan barreras y que en la trazabilidad del desarrollo de este proceso, como lo dijeron, son 10 años, pero ya estamos atrasados, son 9 años y medio porque ya estamos en junio de 2025. Vamos a vigilar que todas las sectoriales hagan sus inversiones sociales a este proyecto y que todo sea transparente, sin barreras”.
La política pública aprobada se estructura en cinco ejes estratégicos y 26 líneas programáticas, que abordan desde la transformación de lo público y la garantía jurídica, hasta la participación política, el acceso a la salud, la educación, la cultura, el deporte, la protección social y la generación de ingresos. Incluye 112 acciones afirmativas, de las cuales al menos 65 serán priorizadas en el actual periodo de gobierno.
El documento técnico, que consta de 123 páginas, fue elaborado a partir de un proceso participativo con las bases comunitarias y recoge las voces de las siete condiciones de discapacidad reconocidas en el departamento. Esta política pública se propone enfrentar retos significativos, pues actualmente el 12,74 % de las personas con discapacidad en Cesar no está afiliado a ningún sistema de salud, el 43,53 % no sabe leer ni escribir, el 51,73 % no cuenta con vivienda propia y el 59,1 % carece de ingresos económicos. Sin embargo, el documento también resalta el potencial y las aspiraciones de esta población, ya que un 22 % de las personas con discapacidad manifiesta su deseo de continuar estudiando y contribuir activamente a la sociedad.
La gobernadora Elvia Milena Sanjuán destacó el carácter histórico de la aprobación y el compromiso del gobierno departamental: “Estar aquí y vivir con ustedes esa votación completa de los 11 honorables diputados es la defensa por la garantía de derechos, la eliminación de barreras y la inclusión social y laboral. Este no es un punto final, sino un punto de partida para arrancar acciones distintas. Si queremos resultados diferentes, debemos atender con acciones distintas las problemáticas”.
Sanjuán también hizo un llamado al gobierno nacional para destrabar recursos en el Ministerio de la Igualdad y reconoció la labor de los cuidadores: “El programa ‘Mi capacidad es mayor’ tocó la fibra de todos al ver a la persona con discapacidad y al cuidador, quien dedica su vida sin tener la oportunidad de garantizar sus ingresos. Debemos priorizar recursos y seguir trabajando en la asistencia y rehabilitación”.
Teresa Pacheco Vega, líder indígena, resaltó la importancia de la política para los pueblos indígenas y la necesidad de que “no se quede en papel, sino que seamos visibilizados en todo el nivel nacional”. Invitó a la unidad:“Trabajemos en avance y prosigamos a hacer el cambio de nuestras discapacidades en el departamento y a nivel nacional”.
Desde la Asamblea, los diputados ponentes subrayaron: “Esto no es solo un documento. Es una vitrina viva de justicia social, de equidad y de humanidad. Ninguna persona con discapacidad será invisible en el departamento del Cesar”.
Con más de 10.000 millones de pesos destinados en lo que resta del actual gobierno, la política pública de discapacidad e inclusión social 2025-2035 del Cesar se convierte en un modelo para el país. Su éxito dependerá del cumplimiento, la vigilancia social y la articulación intersectorial.
“Bienvenida sea la ordenanza 301 en el departamento del Cesar, una ruta de trabajo, compromiso, amor, afecto y mucha responsabilidad con esta población”, concluyó la gobernadora Sanjuán.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN