Para el próximo 5 de julio fue aplazada la audiencia preparatoria del juicio dentro del proceso que avanza en contra de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Rayeth Pinto Pérez, por los hechos que rodearon el desfalco de dineros dirigidos a la reducción de la mortalidad infantil en el municipio de Albania.

El fiscal delegado en el proceso indicó que son cerca de 90.000 documentos, 12 cajas con material magnético probatorio y aún faltan algunos elementos útiles y conducentes para el juicio, cuya vista pública estará a cargo del Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá con Funciones de Conocimiento.

La exmandataria guajira fue acusada como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado. El delegado del ente acusador señaló además, que deberán ser anexados los documentos originales para dictaminar la falsedad u originalidad de los firmados por la exfuncionaria, mediante los cuales se habría producido el desvío de los recursos de los menores.

Los hechos que mantienen enredada a Pinto ocurrieron durante el año 2011, cuando al parecer se malversaron los fondos del programa de apoyo infantil mediante convenios interadministrativos suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania, por un valor total de $18.600 millones. Entre tanto, el abogado de la exmandataria departamental advirtió que es amplio y extenso el material probatorio que debe analizar para establecer una estrategia defensiva contra su cliente.

La Procuraduría reprochó que una posible restricción ocasionó que a la licitación solo se presentara un proponente y que, en consecuencia, la entidad municipal no tuvo la oportunidad de realizar una comparación de ofertas y elegir la que más se ajustaba a las exigencias establecidas en el contrato.

Cuestionó que ella siendo la máxima responsable de la contratación, al parecer, no actuó con la diligencia y el cuidado necesario.
Además, dijo que Pinto Pérez y las demás personas tenían el deber hacer la verificación de las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales, acción que fue calificada falta gravísima a título de culpa.

Por Abdel Martínez Pérez / EL PILÓN