Hoy se realizó una nueva audiencia de seguimiento al cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, debido a que la anterior fue aplazada porque el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, no asistió al requerimiento directo que le hizo el juez Segundo Civil del Circuito de Valledupar, Germán Daza. 

Dicho despacho judicial adelanta un incidente de desacato contra el mandatario departamental, el Alcalde de Valledupar y los directivos del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, por el incumplimiento del fallo de la Corte que se remonta al 16 de diciembre de 2011. 

Los entes territoriales implicados en la orden judicial, no han logrado dar cumplimiento a la orden de desalojo y reubicación en un albergue, a las familias desplazadas que habitan en los predios, propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes, ubicados en el noroccidente de Valledupar.

No obstante, el alcalde Fredys Socarrás, dijo que en la diligencia se acordó, “hacer una bolsa común entre el DPS, el gobierno departamental y el municipal para plantear ese proyecto de los albergues y ofrecerlo en licitación para que los constructores especializados del país pueden ofrecernos solución a este mandamiento de la Corte”. 

Los días contados 

Así las cosas, el próximo martes la Alcaldía de Valledupar,  la Gobernación del Cesar y el DPS, deben presentar la disponibilidad de los recursos que superarían los cuatro mil millones de pesos, para la adquisición del lote, donde se construirá el albergue. 

“Y estamos a la espera de la Unidad de Atención a Víctimas el día martes, y el viernes debemos tener en el despacho la programación para el desarrollo de la propuesta”, precisó el juez Germán Daza.   

En la diligencia, también hizo presencia el  Defensor del Pueblo seccional Cesar, Agustín Flórez y  una representante de la Directora Nacional del Departamento para la Prosperidad Social DPS.