El Gobierno colombiano y los líderes del paro cívico de Buenaventura (suroeste) llegaron hoy, tras una jornada de negociación de más de 15 horas, a un acuerdo para ponerle fin a la protesta que afectó a la ciudad por 21 días y en la que pidieron más atención del Estado.

“Están a minutos” de firmar el acuerdo que pondrá fin a un paro cívico que se prolongó por tres semanas, dijo a periodistas el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien lideró las negociaciones.

Explicó que las partes ultiman los detalles para firmar el documento y levantar el paro en Buenaventura una ciudad con alrededor de 450.000 habitantes y que es el principal puerto del país en el Pacífico, por el que se movilizaron el año pasado 13,8 millones de toneladas de carga.

Se estima que el paro dejó pérdidas económicas por unos 300.000 millones de pesos (unos 103 millones de dólares).

Entre los puntos acordados por las partes está que el Gobierno gestionará un crédito externo por valor de 76 millones de dólares para financiar las inversiones que se harán en la ciudad en los próximos 10 años.

Igualmente, el 20 de este mes presentará al Congreso un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años que beneficiará a Buenaventura, según un comunicado del Ministerio del Interior.

Asimismo, el Gobierno se comprometió a invertir cerca de 1,5 billones de pesos (unos 517 millones de dólares) en obras para Buenaventura durante el tiempo que resta del actual mandato, que finaliza el 7 de agosto del año entrante.

En la iniciativa, agrega la información, se establecerán los proyectos y programas, así como las fuentes de financiación de los mismos “que permitan alcanzar la satisfacción plena de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del Distrito de Buenaventura”.

También establece mecanismos especiales de evaluación, control social y seguimiento periódico del avance de los proyectos y programas.

Lo que se pretende con esas iniciativas es garantizar a Buenaventura mejoras significativas en calidad en la atención en los servicios de baja, mediana y alta complejidad en temas de salud.

De igual forma, el Gobierno se compromete a dar un 100 por ciento de cobertura de agua potable y saneamiento básico a la población de Buenaventura, una compulsa zona afectada por la presencia de bandas criminales, guerrilla y narcotraficantes.

El acuerdo, en cuyas negociaciones estuvieron presentes representantes de la ONU, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Iglesia católica y la gobernación del Valle del Cauca, se logró horas antes de que en Bogotá y en otras ciudades del país se realicen marchas de protestas de profesores, arroceros, jueces, algunos sectores de taxistas y otros empleados estatales.

El común denominador de las protestas es el reclamo para que el Gobierno atienda peticiones que tienen que ver con mejoras en atención en salud, salarios y precios de sustentación, para el caso de los arroceros.

Durante las protestas en Buenaventura, las autoridades detuvieron a 41 personas que participaron en actos vandálicos y saqueos a comercios, en donde también resultaron lesionados 10 policías.

En su momento, las autoridades también informaron que en las protestas murió el patrullero Neiver Antonio Enríquez Cruz al caer de su moto por un lazo que manifestantes atravesaron en una calle.

EFE