as empresas y personas señalados del ilícito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados.
El Gobierno anunció este viernes que la Superintendencia de Industria y Comercio formulará pliego de cargos a 5 empresas y 7 personas por un presunto “Cartel de las frutas” en el Programa de Alimentación Escolar por un valor superior a los $40 mil millones en dos contratos.
“Los investigados habrían presionado a unas entidades para subir los precios de las frutas de este programa en Bogotá”, indicó el Primer Mandatario al clausurar el Congreso Internacional de Libre Competencia Económica.
Indicó que las empresas y personas señalados del ilícito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados.
Y, no contentos con esto, se coordinaron para impedir que otros proponentes participaran y se asociaron para no competir entre ellos, mantener precios altos y repartirse el mercado.
“Esa es una muestra de la mezquindad de los corruptos, que hasta se roban la comida de los niños. Es otra clara muestra de una violación a la libre competencia, ¡y eso es lo que tenemos que acabar!”, explicó.
El Jefe del Estado le pidió al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo que en este caso actúe con toda la contundencia.
Las empresas y personas implicadas son: Industria de Alimentos Daza S.A.S., Comercializadora Disfruver S.A.S., Namasté Food S.A.S, Alimentos Spress Ltda, Best Colombian Fruit S.A.S, Hugo Nelson Daza Hernández, Néstor Alejandro Castelblanco García, Stella Téllez Hernández, Andrea Rosas Díaz, Juan Pablo Fonseca Sánchez, Geimi Soleimi Daza Villar y Héctor Hugo Castelblanco Castelblanco.
En esa línea, le solicitó también que identifique las regulaciones sectoriales que les estén generando barreras a los empresarios para competir en el mercado, para modificarlas o, incluso, para eliminarlas.
“Esta tarea, Superintendente, puede ser incluso más importante y provechosa para nuestra economía y nuestros empresarios, que la misma lucha que usted ha venido liderando contra los carteles empresariales y otras prácticas restrictivas de la competencia”, aseveró.
as empresas y personas señalados del ilícito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados.
El Gobierno anunció este viernes que la Superintendencia de Industria y Comercio formulará pliego de cargos a 5 empresas y 7 personas por un presunto “Cartel de las frutas” en el Programa de Alimentación Escolar por un valor superior a los $40 mil millones en dos contratos.
“Los investigados habrían presionado a unas entidades para subir los precios de las frutas de este programa en Bogotá”, indicó el Primer Mandatario al clausurar el Congreso Internacional de Libre Competencia Económica.
Indicó que las empresas y personas señalados del ilícito, boicotearon la licitación para declararla desierta y las entidades se vieron obligadas a abrir un nuevo proceso con precios más elevados.
Y, no contentos con esto, se coordinaron para impedir que otros proponentes participaran y se asociaron para no competir entre ellos, mantener precios altos y repartirse el mercado.
“Esa es una muestra de la mezquindad de los corruptos, que hasta se roban la comida de los niños. Es otra clara muestra de una violación a la libre competencia, ¡y eso es lo que tenemos que acabar!”, explicó.
El Jefe del Estado le pidió al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo que en este caso actúe con toda la contundencia.
Las empresas y personas implicadas son: Industria de Alimentos Daza S.A.S., Comercializadora Disfruver S.A.S., Namasté Food S.A.S, Alimentos Spress Ltda, Best Colombian Fruit S.A.S, Hugo Nelson Daza Hernández, Néstor Alejandro Castelblanco García, Stella Téllez Hernández, Andrea Rosas Díaz, Juan Pablo Fonseca Sánchez, Geimi Soleimi Daza Villar y Héctor Hugo Castelblanco Castelblanco.
En esa línea, le solicitó también que identifique las regulaciones sectoriales que les estén generando barreras a los empresarios para competir en el mercado, para modificarlas o, incluso, para eliminarlas.
“Esta tarea, Superintendente, puede ser incluso más importante y provechosa para nuestra economía y nuestros empresarios, que la misma lucha que usted ha venido liderando contra los carteles empresariales y otras prácticas restrictivas de la competencia”, aseveró.