Por Imelda Daza Cotes

Este recurso jurídico se constituyó en una herramienta de gran valía para hacer respetar derechos ciudadanos vulnerados y para obligar a la administración pública a prestar servicios que de otra manera se deniegan. Son muchos los  colombianos que sólo a través de la tutela han logrado atención en salud, educación, servicios públicos o han exigido indemnizaciones por la atención ineficiente de necesidades vitales. 

En realidad la tutela debería ser un recurso de uso excepcional, porque lo normal en una democracia es que el Estado y sus entes sirvan a los ciudadanos y respeten sus derechos. Sin embargo, en Colombia se volvió cotidiano eso de tener que acudir ante un juez para obligar a las instituciones públicas a cumplir sus obligaciones aunque no se sancione al funcionario responsable de la falla.

Ciertamente cada procedimiento tutelar representa un costo para la rama judicial y cada fallo a favor del ciudadano implica una erogación para el gobierno y así tiene que ser, son los costos de la democracia, que si se quieren evitar, la receta es muy sencilla, que se obligue a la burocracia estatal a cumplir cabalmente con sus deberes, que se presten adecuadamente todos los servicios públicos, que se resuelva el problema carcelario, que se atienda a los desplazados, en fin, que se respeten los derechos ciudadanos, que  los funcionarios públicos sean responsables y en caso de que su mal desempeño provoque reclamos ciudadanos y genere costos extras para la institución que se obliguen a responder por sus errores. Desafortunadamente, en Colombia prima la “ley del embudo” donde lo ancho es para quienes ostentan el poder y lo angosto para el resto de la población. El gobierno actual decidió promover una reforma constitucional con miras a evitar que el Estado comprometa en exceso sus finanzas. Esa preocupación no se nota frente a tanta corrupción ni frente a la constante malversación de fondos públicos. 

La nueva regla fiscal permite que si un fallo de las altas cortes afecta el presupuesto estatal, el Ministerio de Hacienda puede revisar el asunto y conceptuar cómo puede el Estado cumplir la sentencia. Es decir, la atención a un fallo de tutela queda sujeto a la disponibilidad presupuestal. Esto afecta la independencia de la rama judicial y los derechos ciudadanos. Se impone una dictadura fiscal, eufemísticamente llamada “incidente de impacto fiscal”. Un Estado fiscalista suplanta al Estado social de derecho. Es un golpe letal a la herramienta de la tutela que deja desprotegidos a los ciudadanos.