En octubre de 2019, la Fiscalía 12 seccional de Valledupar le imputó cargos a la entonces alcaldesa de San Diego y hoy candidata a la Gobernación del Cesar, Elvia Milena Sanjuán,  por presuntamente ofrecer una suma de dinero a un dirigente a cambio de apoyar a un candidato afín a sus líneas políticas en las elecciones que se realizaron en octubre de ese año.

Según la investigación, en el mes de septiembre de 2019, en un corregimiento de San Diego, la mandataria le ofreció $500.000 a un aspirante al Concejo de ese municipio para que retirara su candidatura y apoyara a los candidatos que llevaba a la Alcaldía y al Concejo de San Diego.

Cuatro años después de abierto el proceso, el juicio avanza de manera muy lenta: actualmente se encuentra en etapa de prácticas de pruebas. EL PILÓN conoció que el proceso está en manos de un juzgado del municipio de La Paz.

¿CUÁL ES EL DELITO?

En ese momento le imputaron el delito de intervención política, el cual, no aceptó. El delito está consagrado en el artículo 422 del Código Penal. “El servidor público que (…) utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”, señala el artículo.

Este delito no tiene prisión o pena condenatoria, pero sí posibles inhabilidades y sanciones. En caso de ser elegida gobernadora el próximo 29 de octubre, la investigación en contra de Elvia Milena pasaría a un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia. 

Si al final dictan sentencia y es absuelta podrá ejercer como gobernadora durante los cuatro años, sin embargo, si fallan en su contra sería multada y apartada de su cargo.

Porque el delito de intervención en política no tiene condena en prisión, pero al ser un delito doloso genera una inhabilidad sobreviniente, lo que obligaría a que se aparte de su cargo como gobernadora. Se repetiría la historia del detenido gobernador Luis Alberto Monsalvo, su padrino político.

EL OTRO CASO

Para el próximo 22 de septiembre está prevista la realización de la audiencia preparatoria del juicio oral en otro proceso contra la exalcaldesa de San Diego. A Sanjuán, la Fiscalía 12 seccional le imputó cargos por presuntamente celebrar de manera irregular un contrato de compraventa de un lote que la exmandataria celebró con un contratista inhabilitado en el 2017. 

La Fiscalía consideró que la exalcaldesa incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conducta por la que fue imputada en el año 2020. Esta investigación también pasaría a un fiscal delegado de la Corte Suprema si es elegida gobernadora. Por este proceso, sí corre el riesgo de ir a prisión si en la sentencia condenatoria la declaran culpable. 

El artículo 410 del Código Penal establece que el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato “sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos incurrirá en prisión de 64  a 216 meses”.

Por Unidad Investigativa