El 18 de agosto de 2021, el Tribunal Superior Judicial de Bogotá dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria para el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por las presuntas irregularidades en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo.   

Luego de una solicitud por parte de la defensa, el 23 de agosto del 2021, el Tribunal confirmó la detención domiciliaria del mandatario, condicionando su salida del cargo. Por eso, este miércoles, el departamento del Cesar cumple dos años bajo encargo, aunque Andrés Meza fue nombrado gobernador encargado una semana después. 

JUICIO CONTRA MONSALVO

A finales de octubre de 2021, ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, formularon la acusación en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco.  En ese momento se confirmó que el mandatario apartado de su cargo sería llevado a juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado, endilgados por la Fiscalía Once.  

Sin embargo, fue hasta mayo de 2022 que comenzó el juicio oral en contra del gobernador, señalado de corrupción. En ese momento, dos investigadores del CTI fueron presentados como testigos por el fiscal 11 delegado, Julio Ospino Gutiérrez, quien fue el encargado de comenzar la presentación de los elementos de prueba en contra del mandatario.

SOLICITUD NEGADA

En junio de 2022, a pesar de los reiterativos intentos, el Tribunal Superior negó la libertad del gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, argumentando que el entonces abogado del mandatario, José Luis Barceló, con los elementos de prueba no logró desvirtuar que la medida de aseguramiento domiciliaria que tiene Monsalvo no fuera necesaria. 

En marzo de este año culminó el debate probatorio en la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En los alegatos de conclusión, el fiscal 11 delegado ante la Corte, Julio Ospino, pidió que el mandatario fuera condenado por los delitos de peculado a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.   

En últimas, el gobernador electo del departamento está a la espera de un sentido de fallo que determine si será condenado o absuelto. Más allá de la decisión, que quizás no se conozca en el 2023, el Cesar completó más de 3 años bajo gobiernos interinos. 

Por Deivis Caro