EL PILÓN conoció que hay varios cuestionamientos y oficios radicados en contra de este proceso, específicamente hechas por el ‘Consorcio Desarrollo Urbano Valledupar’.
La obra debió ser entregada en el mes de julio, pero el contratista aseguró que tuvo problemas logísticos para cumplir con el plazo y así le fueron otorgados 3 meses más.
La Central de Abastos de Valledupar está regida por la norma de la propiedad horizontal, es decir, son copropietarios que comparten zonas comunes. El municipio de Valledupar creó la copropiedad en 1998.
Para desilusión de los comerciantes, a pesar de que quedan grabados y son atrapados en flagrancia, los delincuentes son dejados en libertad a las pocas horas por ser un delito de menor cuantía.
En los últimos años, al igual que en el actual contrato, el director de interventoría es alguien cercano a la familia Gnecco. Se trata de José Eduardo Fernández Celedón.
Ivis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera aparecen como representantes legales del consorcio que se ganó el PAE en el 2015, contrato por el que la Corte Suprema condenó en primera instancia al exgobernador Luis Alberto Monsalvo.
EL PILÓN conoció y pudo confirmar que en el caso se han presentado dilaciones por lo que no se ha realizado la audiencia de formulación de acusación en cinco años.
Luego de varias prácticas de laboratorio a las que fueron sometidos los recursos vegetales recolectados, el resultado final fue un porcentaje entre 40 y 60 %, por lo cual se inició la investigación de un aceite esencial para combatir el daño en el cultivo.
¿De dónde saldrían esos recursos? Como es conocido, la empresa pública es propietaria de terrenos y equipos. Además de su venta, la Superintendencia tendría que buscar recursos ante el Gobierno nacional y entidades territoriales.
Todo empezó en el año 2016, cuando la Superintendencia planteó un programa de gestión a la empresa por la crisis financiera que recién empezaba agudizarse. La empresa nunca cumplió el plan y los indicadores continuaron cayendo.
Rechazadas dos propuestas, el único oferente fue el Consorcio Centro de Comercio de Valledupar 2023, integrado por B&P Construcciones con el 50% de participación; Serkann con el 40%, y Construambiente con el 10%.
La solicitud la hizo el representante legal de Inversiones Gneccos S. A. S, quien indicó que primero pidió un concepto a la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
El órgano de control disciplinario busca establecer si se constituyó un detrimento patrimonial.
Además de una petición formal, EL PILÓN contactó a funcionarios de La Jagua de Ibirico. El secretario de Infraestructura, Alisahamir Lasso, señaló que están trabajando todos los días “para que el proyecto sea una realidad”
EL PILÓN conoció testimonios de alcaldes, concejales y gerentes de entidades públicas, quienes señalaron que desde la Contraloría Departamental presionan para que los funcionarios paguen.
En el 2015, los sindicatos de Emdupar y la Junta Directiva de la empresa acordaron cuáles serían los beneficios de los trabajadores. En total, establecieron 22 auxilios económicos.
La Contraloría General compartió los hallazgos con la Fiscalía por la posible incidencia penal. Los concejales de oposición también pidieron investigar al alcalde.
Aguas del Cesar sancionó al contratista y lo obligó a pagar $64 millones por incumplir los tiempos contractuales. La obra registra un avance del 45%. La Procuraduría abrió una indagación.
Alimentos Macsol ya ha contratado en Valledupar y Cartagena. En el 2017 ejecutó el PAE en Valledupar, en el gobierno del exalcalde Augusto Daniel Ramírez; en el 2018 ejecutó el polémico PAE de Cartagena, y en el 2022 contrató en Cúcuta.