Las obras de la segunda calzada entre los municipios de Valledupar y Bosconia, correspondientes al tramo 8 de la Ruta del Sol 3, están paralizadas en el corregimiento de Valencia de Jesús desde hace más de un año. 

Algunos habitantes no están de acuerdo con la ubicación del puente peatonal y otros aseguran que sus casas están agrietadas por el movimiento de la maquinaria pesada que opera  la constructora Ariguaní, contratada por la Concesionaria Yuma para hacer los trabajos.  

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Mientras que en Caracolí, otro corregimiento de Valledupar, Yuma llegó a un acuerdo sobre la reubicación de un box culvert (caja de alcantarilla) y así retomar las obras, el conflicto en Valencia ha escalado tanto que quienes se consideran afectados han pedido incluso una indemnización. 

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

“La solución es que nos paguen por los daños causados, ellos (YUMA) no se han pronunciado con nosotros ni con el abogado, necesitamos es que hablen ellos, se pongan de acuerdo para que paguen los daños causados y así puedan seguir la obra”,  expresó una habitante del corregimiento a esta casa editorial. 

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“Estamos atentos porque si comienzan a trabajar y no han arreglado las afectaciones de las viviendas y la cuestión del puente peatonal, que lo quieren ubicar donde no hay licencia ambiental, nos va a tocar colocarnos en la carretera y no dejar trabajar porque toca hacer valer nuestros derechos”, agregó la mujer. 

De acuerdo con la ciudadana, las casas más afectadas son las que están cerca de la carretera actual, cuyo debilitamiento también se debe a la antigüedad de estas construcciones. 

LA VERSIÓN DE YUMA

Información suministrada por YUMA a EL PILÓN explica que se ha afectado la ejecución de 2.38 kilómetros de vía nueva y 2.37 kilómetros de mejoramiento en este sector. Así mismo, la concesionaria ha indicado que pese a las reuniones con la comunidad, no han logrado un acuerdo. 

Además, esta empresa sostiene que el mejoramiento de las viviendas, así como otras actividades solicitadas por los moradores, “no se encuentran en el alcance del proyecto” y por lo tanto, no hay presupuesto para ellas.

HAY ACTAS DE VECINDAD: VEEDURÍA

Esta casa editorial también dialogó sobre el particular con Catalina Cabrales, directora de Veedurías cívicas, ambientales, concesiones y obras de infraestructura que lidera la Cámara de Comercio de Valledupar, quien manifestó que existen unas actas de vecindad que por obligación debió levantar YUMA a la hora de iniciar las obras. 

Así lo corrobora información oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cuando define el acta de vecindad como “el documento que deberá elaborar el concesionario respecto de cada uno de los predios que deba utilizar para llevar a cabo el proyecto (ya sea para efectos prediales, ambientales o sociales) y que estén ubicados en el área de influencia directa del mismo”.

La Agencia detalla que el acta debe ser suscrita “entre los propietarios, el concesionario, el interventor y un funcionario o representante de la ANI, con el fin de establecer las condiciones físicas originales de cada uno ellos, como base para determinar las variaciones ambientales, sociales y prediales”, con soportes como videos o fotografías.

LA SOLICITUD 

Así las cosas, Cabrales afirmó que la veeduría y la Contraloría General de la Nación solicitaron la información sobre las actas en el mes de mayo, pero  aún no han recibido respuesta. 

“Lo que queremos como veeduría es que la obra se termine, se llegue a buen término, que no nos dejen esos baches porque parte de la competitividad de la región es que la vía se termine y los habitantes quieren que les arreglen sus casas porque para indemnizar primero tiene que haber una orden de un juez”, añadió la veedora. 

Por Redacción General.