La pandemia ha sacado a relucir las falencias que tiene el municipio en materia educativa, de salud y servicios públicos domiciliarios, los cuales son esenciales para la comunidad.
Sin duda alguna los ciudadanos de Valledupar, y del resto del departamento del Cesar, han mostrado su inconformismo con algunas problemáticas que han surgido y empeorado en medio de la pandemia ocasionada por el covid-19, el cual ha sacado a relucir las falencias en materia educativa, de salud y servicios públicos domiciliarios, esenciales en estos tiempos de emergencia sanitaria.
En el Primer Encuentro Municipal de Líderes Comunitarios se dialogó sobre la crisis financiera y administrativa del Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec; cancelación de servicios públicos en medio de la pandemia y la presencialidad de los colegios.
En esta reunión se expusieron las opiniones sobre esos temas que aquejan a los habitantes de la capital del Cesar con el fin de buscar estrategias que permitan minimizar las consecuencias que cada una de estas problemáticas pueda traer.
Para nadie es un secreto la crisis en la que se encuentran estos dos centros de salud importantes para el departamento, los cuales han llegado hasta este punto debido a las malas gerencias que los han gobernado durante tantos años, llevándolos a un colapso en el que parece no haber salida.
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Por temor a que desaparezcan se ha pedido intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, e incluso inyección de capital por parte de la Gobernación del Cesar, sin embargo ninguna de las dos posibles soluciones ha sido posible. Ante esta problemática, los ponentes del encuentro expresaron que en todo el departamento se están acabando, por malos manejos, los hospitales públicos.
“Todos los gobernadores, diputados, gerentes, secretarios de Salud departamentales de los últimos 12 años tienen responsabilidad en la crisis que padecen los hospitales públicos de Valledupar y del Cesar”, acotó Alain Jiménez, médico especialista en salud y administración pública.
Jiménez añadió de manera clara, fuerte y concisa que en el departamento existen 7 plagas que están acabando al Cesar: 4 representantes, 2 senadores y 1 gobernador. “El gobernador que no se lave las manos, porque él es el presidente de la Junta Directiva de los hospitales. Suficientes mentiras dijo cuando decía que lo haría mejor”, recalcó.
Por su parte, Álvaro Portilla, representando la Clínica Erasmo, informó que en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, CHIP, se debe ‘subir’ el estado actual de las entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general.
Sin embargo, desde el 2017 no se han presentado informes del Rosario Pumarejo, aun siendo una obligación. “Es imposible que la Procuraduría ni Contraloría se hayan dado cuenta de ese hueco en la plataforma. Eso es un delito y una falta gravísima”, precisó.
Con la pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades competentes manifestaron que no podrían cancelar o suspender los servicios públicos de las viviendas debido a que son necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria; no obstante, los líderes denuncian que en algunos sectores el servicio no existe. “Hacer corte de agua o energía en medio de una pandemia es un crimen”, acotaron.
A una sola voz indicaron que no están de acuerdo con el corte de servicios ni los medidores inteligentes; así como con la privatización de la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar; y con el cobro exagerado de las tarifas de aseo y gas. Expresaron sus rechazos hacia las ‘amenazas’ que se han proliferando en contra de los usuarios, haciendo referencia a los embargos que anunció la empresa.
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Los padres de familia manifestaron una vez más que no es el momento de volver a los colegios, ya que consideran que sería un riesgo inminente para sus hijos, teniendo en cuenta las altas cifras de contagios y muertes por covid-19, no solo en el departamento sino en el país.
Explicaron que no existen condiciones que garanticen protecciones dentro de las instalaciones educativas debido a que en algunas no hay, por lo menos, servicio de agua, la cual es indispensable para prevenir el contagio.
Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, informó que se requieren más de los cinco protocolos de bioseguridad, que dicen los entes territoriales, para volver a la presencialidad, y que en las últimas semanas han querido ‘emparapetar’ las instituciones para dejar de lado la virtualidad.
Con el fin de ser escuchados, hoy realizarán un plantón a las 9:00 de la mañana frente a la Alcaldía municipal; además, presentarán una acción de tutela ante los juzgados de Valledupar para solicitar una medida provisional para suspender esta decisión impuesta por el Gobierno nacional.
Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN
La pandemia ha sacado a relucir las falencias que tiene el municipio en materia educativa, de salud y servicios públicos domiciliarios, los cuales son esenciales para la comunidad.
Sin duda alguna los ciudadanos de Valledupar, y del resto del departamento del Cesar, han mostrado su inconformismo con algunas problemáticas que han surgido y empeorado en medio de la pandemia ocasionada por el covid-19, el cual ha sacado a relucir las falencias en materia educativa, de salud y servicios públicos domiciliarios, esenciales en estos tiempos de emergencia sanitaria.
En el Primer Encuentro Municipal de Líderes Comunitarios se dialogó sobre la crisis financiera y administrativa del Hospital Rosario Pumarejo de López, HRPL, y el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, Idreec; cancelación de servicios públicos en medio de la pandemia y la presencialidad de los colegios.
En esta reunión se expusieron las opiniones sobre esos temas que aquejan a los habitantes de la capital del Cesar con el fin de buscar estrategias que permitan minimizar las consecuencias que cada una de estas problemáticas pueda traer.
Para nadie es un secreto la crisis en la que se encuentran estos dos centros de salud importantes para el departamento, los cuales han llegado hasta este punto debido a las malas gerencias que los han gobernado durante tantos años, llevándolos a un colapso en el que parece no haber salida.
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Por temor a que desaparezcan se ha pedido intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, e incluso inyección de capital por parte de la Gobernación del Cesar, sin embargo ninguna de las dos posibles soluciones ha sido posible. Ante esta problemática, los ponentes del encuentro expresaron que en todo el departamento se están acabando, por malos manejos, los hospitales públicos.
“Todos los gobernadores, diputados, gerentes, secretarios de Salud departamentales de los últimos 12 años tienen responsabilidad en la crisis que padecen los hospitales públicos de Valledupar y del Cesar”, acotó Alain Jiménez, médico especialista en salud y administración pública.
Jiménez añadió de manera clara, fuerte y concisa que en el departamento existen 7 plagas que están acabando al Cesar: 4 representantes, 2 senadores y 1 gobernador. “El gobernador que no se lave las manos, porque él es el presidente de la Junta Directiva de los hospitales. Suficientes mentiras dijo cuando decía que lo haría mejor”, recalcó.
Por su parte, Álvaro Portilla, representando la Clínica Erasmo, informó que en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública, CHIP, se debe ‘subir’ el estado actual de las entidades públicas con destino al gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general.
Sin embargo, desde el 2017 no se han presentado informes del Rosario Pumarejo, aun siendo una obligación. “Es imposible que la Procuraduría ni Contraloría se hayan dado cuenta de ese hueco en la plataforma. Eso es un delito y una falta gravísima”, precisó.
Con la pandemia ocasionada por el coronavirus, las autoridades competentes manifestaron que no podrían cancelar o suspender los servicios públicos de las viviendas debido a que son necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria; no obstante, los líderes denuncian que en algunos sectores el servicio no existe. “Hacer corte de agua o energía en medio de una pandemia es un crimen”, acotaron.
A una sola voz indicaron que no están de acuerdo con el corte de servicios ni los medidores inteligentes; así como con la privatización de la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, Emdupar; y con el cobro exagerado de las tarifas de aseo y gas. Expresaron sus rechazos hacia las ‘amenazas’ que se han proliferando en contra de los usuarios, haciendo referencia a los embargos que anunció la empresa.
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Los padres de familia manifestaron una vez más que no es el momento de volver a los colegios, ya que consideran que sería un riesgo inminente para sus hijos, teniendo en cuenta las altas cifras de contagios y muertes por covid-19, no solo en el departamento sino en el país.
Explicaron que no existen condiciones que garanticen protecciones dentro de las instalaciones educativas debido a que en algunas no hay, por lo menos, servicio de agua, la cual es indispensable para prevenir el contagio.
Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, informó que se requieren más de los cinco protocolos de bioseguridad, que dicen los entes territoriales, para volver a la presencialidad, y que en las últimas semanas han querido ‘emparapetar’ las instituciones para dejar de lado la virtualidad.
Con el fin de ser escuchados, hoy realizarán un plantón a las 9:00 de la mañana frente a la Alcaldía municipal; además, presentarán una acción de tutela ante los juzgados de Valledupar para solicitar una medida provisional para suspender esta decisión impuesta por el Gobierno nacional.
Por: Ketty Gutiérrez Maestre/EL PILÓN