A comienzos del mes de julio, el Grupo Prodeco solicitó ante la Agencia Nacional de Minería, ANM, la aprobación de  una suspensión de actividades en las minas de carbón térmico Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar. El Grupo Prodeco justificó su decisión en la incertidumbre derivada de la pandemia de  la covid-19, la rápida caída de los precios del carbón en mercados claves y los problemas de orden público.

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Lo cierto es que si esa solicitud es aceptada, el país dejaría de recibir en promedio el 18 % de los recursos de regalías que aportan las productoras de carbón del Cesar. En pesos, ese porcentaje significó para el corte de 2019 alrededor de $243.901 millones. Y es que el Grupo Prodeco es actualmente el segundo mayor aportante de recursos de regalías de los productores del Cesar, solo por detrás de Drummond, que participa con el 77 % de estos dineros.

Las anteriores cifras fueron aportadas por el diputado Raúl Romero  en un debate realizado en la Asamblea del Cesar. A nivel departamental, añadió, el Cesar dejaría de recibir, en promedio, $81.492 millones, los cuales representan el aporte que hizo la multinacional Prodeco  para el bienio 2019-2020.

 Romero comentó que la marcha de Prodeco, el segundo productor de carbón más importante del departamento,  no solo golpearía las finanzas departamentales con la reducción de las regalías, también la generación de empleo.

La multinacional, que inició operaciones en la mina Calenturitas en el 2004, genera 4.577 empleos entre directos e indirectos, de esos 3.655 en el Cesar. De allí nace la preocupación manifestada por la Gobernación del Cesar ante la posible suspensión de las actividades mineras.

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“El no reinicio de las operaciones por el Grupo Prodeco en los frentes La Jagua CDJ, CMU y en el proyecto Calenturitas, representa una pérdida importante en los ingresos para los municipios mineros, principalmente para La Jagua, Becerril y El Paso, donde viven una gran cantidad de familias y contratistas”, aseguró el secretario de Minas del Cesar, Manuel Mejía.

POR MUNICIPIO

Además de la Gobernación del Cesar, los tres municipios de influencia, La Jagua de Ibirico, Becerril y El Paso, verían disminuidos sus recursos para el próximo bienio. Para entender dicha pérdida hay que explicar la participación de Prodeco en la torta del aporte de regalías.

El principal beneficiado y posible principal afectado sería el ente departamental. La Gobernación del Cesar recibe para el bienio 2019-2020 alrededor de $65.429 millones por regalías de la multinacional. El segundo afectado sería el municipio de La Jagua de Ibirico, al cual la multinacional aporta $9.024  millones de los $50.135 que recibe por asignación directa e incentivo a la producción. Y luego Becerril, que en el actual bienio recibe $6.140 millones por las actividades mineras de la empresa en su territorio.

Lo anterior sin contar que las multinacionales realizan significativas inversiones sociales en las comunidades de influencia.

“Uno de los problemas que enfrenta Prodeco es el precio del carbón. La tonelada ronda los 43 dólares cuando en el 2018 estaba en 86. Ellos argumentan que con esos precios no llegan al punto de equilibrio y el negocio es inviable.  Además argumentan la demora que ha tenido el Gobierno nacional para aprobarle el botadero el Palomo, un botadero que quedaría más cerca de la extracción del carbón y reduciría costos y podrían alcanzar un punto de equilibrio”, comenta el diputado Romero, contextualizando los problemas de la multinacional.

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Por otro lado,  es importante señalar que la actividad minera requiere de amplias instalaciones físicas que tributan impuestos en los municipios donde se extrae el mineral.

En este caso, según la información recolectada por el diputado Raúl Romero, solo con las operaciones de las minas en La Jagua de Ibirico,  Prodeco ha pagado en lo que va del año 2020 alrededor de $2.278 millones en impuestos como el predial, industria y comercio. Conociendo la fragilidad y el bajo recaudo en estos municipios, “nos afectaría directamente, ya no se practicaría la retención…”, agregó Raúl Romero.

Como se ha reseñado, esta decisión preocupa porque la estabilidad financiera del departamento depende de la producción del carbón, el cual representa el 45 % del PIB departamental.