En una audiencia pública realizada este viernes en Valledupar, autoridades de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, afirmaron que para este 20 de febrero está programada la firma del otrosí que habilitará la reactivación de las obras en la Ruta del Sol III, trabajo que está paralizado desde el 2017.

Con un avance no superior al 32 %, las obras se reactivarían para ser concluidas en un plazo de 4,5 años según lo estipulado por las autoridades.

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“Teníamos 13 pasos en la reactivación, ya vamos por el paso 10 que es la audiencia pública en Valledupar y faltaría el concepto de la interventoría al otrosí, los comités de conciliación porque estamos haciendo una transacción y finalmente la autorización de la Superintendencia de Sociedades. Justo el día de ayer (6 de febrero) la Superintendencia avaló el primer documento del otrosí. Estamos en el análisis si el concepto emitido por la Superintendencia ya está cubriendo este ajuste que le estamos haciendo al otrosí”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos García.

La obra del tramo tres de la Ruta del Sol, que cruza tres departamentos, desde San Roque, Cesar, – la Ye de Ciénaga, Magdalena- El Carmen de Bolívar, Bolívar, – Bosconia– Valledupar, fue adjudicada en el año 2010 a Yuma Concesionaria S.A., por un valor de $2,1 billones. Sin embargo, con el escándalo de Odebrecth en el 2017, firmas del consorcio abandonaron la obra.

Desde entonces se abrieron dos puertas para el contrato: la caducidad o el otrosí. Este viernes en la audiencia la ANI expuso las que serían las consecuencias de cada uno de los caminos. El primero es de la caducidad, que hasta el momento se ha evitado por las consecuencias de tiempo y económicas.

Según las autoridades caducar el contrato significaría que la obra tomaría diez años entre la reestructuración y el reinicio, además no se anularían las demandas del concesionario en contra de la Nación y con la caducidad saldría otra demanda. Además habría que cancelar al contratista lo avanzado en el proyecto, que según primeros cálculos, el pago sería por $420.000 millones.

“Toda esta situación nos llevaría a tener una obra que podría costar 12 billones de pesos en caso de perder los tribunales o casi 10 billones en el caso que los tribunales sean ganados por la Nación”, expuso el vicepresidente.

En el otro lado de la mesa está el otrosí, la decisión por la que se han inclinado tanto las autoridades públicas como los contratistas. Según explicaron desde la ANI, con el otrosí la concesionaria Yuma se obliga a tener un contrato de crédito de $400.000 millones que permitan la conclusión de las obras, asumir los costos de la interventoría, el levantamiento de las medidas cautelares que le permitan a la ANI continuar con los sancionatorios en caso de futuros incumplimientos.

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Los costos en este caso serían, de perder los tribunales, de 6,5 billones, en caso de ganarlos de 5 billones de pesos. Estos recursos, sostienen desde la ANI, ya están garantizados en la Fiducia, en los recursos que la Nación tiene programado en acuerdos de pago de vigencias futuras y en el recaudo de los peajes que se harían de esta fecha hasta el año 2035.

“ESTÁN QUEBRADOS”

Pero el punto clave del otrosí es el pago a los acreedores. Según José Luis Urón, presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, los empresarios fueron los más afectados por la inestabilidad financiera del proyecto.

“¿Cómo se garantiza el pago de los intereses a los acreedores que están embargados, que han tenido que vender sus bienes y que hoy no son sujetos de créditos del sector financiero? Eso hay que revisarlo. Lo otro es que por ningún motivo se avance en la caducidad del proyecto porque esto significa castrarle la posibilidad a la Costa Caribe de tener vías para la competitividad por diez años y con los mismos riesgos”, señaló Urón.

Para eso, en el documento del otrosí se decidió que los rendimientos financieros a los que tiene derecho la Concesionaria los manejará la ANI como garantía al pago de la deuda. Según el último cálculo hay registro de 257 acreedores con una deuda total de $128.000 millones.

Para el pago se estableció una fórmula: pago del 100 % a las acreencias que no superaban los $500 o $600 millones, es decir el 75 % de las firmas acreedoras. Mientras que a los acreedores con cifras superiores se les pagaría por cuotas.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio señaló que se debería seguir contratando con los primeros empresarios. “Que no vayan a sacar del mercado a quienes están reclamando sus derechos. Se dio la situación que a quienes están reclamando sus derechos los están excluyendo del proyecto. Aquí tenemos que ser vigilantes”, indicó el líder gremial.

Por su lado, la secretaria de Infraestructura Departamental, Esther Mendoza, señaló que dentro de las vacancias de la obra debe contratarse mano de obra local.

“Para nosotros es vital que las obras se continúen pero necesitamos obras que cumplan con los estándares de calidad establecidos. Además pedimos que para la ejecución de ese proyecto se tenga en cuenta la mano de obra de nuestra región. Es triste ver cómo llegan proyectos y llega mano de obra externa teniendo nosotros nuestra mano de obra capacitada. Tenemos un alto índice de desempleo y por qué no tener en cuenta a personas de nuestra región en esas 3.000 vacantes”, solicitó Mendoza.

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CEDE LA NACIÓN

En la firma del otrosí, la Nación como parte también adquirió compromisos. Lo primero es dar un plazo de 56 meses al concesionario para la etapa de construcción y finalización del resto de la obra que es del 68 %. Vale aclarar que esos 56 meses de adición en la obra, explicaron, no significa más tiempo de la concesión que está programada hasta el año 2035.

Además, la Nación se comprometió a la terminación de los procesos sancionatorios previos, aunque no se limitan en caso que el contratista presente un nuevo incumplimiento.

“Sin perjuicios de los hallazgos del proceso auditor lo que queremos es generar un tema de confianza garantizando nuestro acompañamiento para que este proceso se reactive y que las inversiones cumplan con sus objetivos. Tenemos afán para que este proyecto se reactive, no nos falta mucho, estamos cerca, estamos viendo la luz, pero queremos iniciar con las garantías necesarias para que los 3,4 billones dispuestos para 940 kilómetros de doble calzada y los intervenidos se puedan hacer de la mejor manera y dentro de los tiempos”, sostuvo el contralor delegado, Luis Pineda.

No obstante, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Gutiérrez indicó que no se harán adiciones al contrato.

“No vamos a reconocer mayores valores, lo que se pactó fue lo que se pactó. Tenemos que sacar el proyecto con las condiciones previstas. El documento adelantado genera las condiciones para que se pueda reiniciar la obra y empezar a pagar a los proveedores”, concluyó Gutiérrez.

Por último, como señalaron los alcaldes de Valledupar, Mello Castro; Curumaní, Henry Chacón; Bosconia, Edulfo Villar, es necesario que se reactive el proyecto para impactar positivamente las economías locales.

POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN
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