Este lunes a las ocho de la mañana, once concejales citaron a los secretarios de Hacienda, Saúl Martínez; General, José Juan Lechuga, y al jefe de la Oficina del Adulto Mayor de Valledupar, Jaider Rincones, a un debate de control político por las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de un contrato. A los cinco minutos de haber aprobado el orden del día; el Concejo de Valledupar quedó a oscuras.

Once concejales aparecían como citantes, sin embargo, fue Ricardo Vives quien lideró la proposición y era el encargado de exponer la documentación. Aunque el sistema de aire acondicionado amaneció averiado, los corporados decidieron continuar el debate con casi 34 grados de temperatura, en un recinto cerrado lleno. Empezando los saludos y la exposición de las pruebas de las posibles irregularidades, “cortaron el servicio de electricidad”. El Concejo quedó a oscuras. A la hora se tomó la decisión de suspender el debate.

¿SABOTAJE?

Los comentarios de un posible sabotaje no se hicieron esperar. “Esto hace parte de un supuesto sabotaje. No es la primera vez que sucede. Hasta el día de ayer funcionaban los aires y la energía. Lo más raro es que el servicio de energía solo falló en el recinto del Concejo. No tienen los argumentos suficientes para confrontar lo que se expondrá”, señaló el concejal Ricardo Vives.

A la hora de esperar que se restableciera el servicio, fue el presidente del Concejo, Luis Cabello, quien oficializó la suspensión del debate. “No están las condiciones, Valledupar es una ciudad de más de 30 grados. Hay dos opciones, reprogramarla el día sábado o declararse en sesión permanente y realizarlo en horas de la tarde”, argumentó el presidente. Ante eso, Vives señaló que el debate se realizaría el sábado, día que finalizan las sesiones ordinarias del Concejo.

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LAS PRUEBAS

A comienzos del 2018, la administración de Valledupar firmó con la Fundación Creciendo con Cultura un contrato por $1.099 millones con el objetivo de una prestación de servicio de apoyo logístico en la organización y ejecución de eventos realizados por el municipio en la vigencia del 2018.
Para empezar, los citantes al debate señalaron que hay un posible conflicto de intereses entre los funcionarios de la administración y el contratista. En una visita a la dirección de la residencia de las oficinas de la Fundación, según el concejal Ricardo Vives, se encontró que en la casa vivían familiares de la funcionaria de la administración encargada de la supervisión del contrato. Además, “en dicha dirección no pudieron notificar al representante legal porque en ese domicilio señalaron que no funciona dicha fundación”.

La otra presunta irregularidad se dio en la contratación del personal. Aunque en el contrato se señalaba en una cláusula que el contratista debía contar con un equipo humano mínimo de cuatro trabajadores de nómina, por lo tanto cumplir con los aportes de seguridad social, el propio contratista a través de un oficio reconoció que no tiene ningún empleado contratado.

“Pusieron todos los impedimentos para que accediéramos a la información del contrato. Hicimos trece derechos de petición desde el mes de noviembre del año pasado, hubo una tutela, una orden de desacato. La Alcaldía puso todos los impedimentos posibles”, agregó Vives.

¿QUÉ DICE LA ADMINISTRACIÓN?

Como la mayoría de señalamientos del Concejo estaban dirigidos hacia la ejecución del contrato, el encargado de dar la versión desde la Alcaldía de Valledupar era el secretario General, José Juan Lechuga, quien no pudo asistir por dolores lumbares, según la excusa que envió al recinto. De los funcionarios que estuvieron en el Concejo, fue el secretario de Hacienda, Saúl Martínez, el que atendió a la prensa.

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“La Secretaría General dará toda la información, que son todos los soportes que ellos tienen. Nosotros somos los que efectuamos el pago entonces habían unas preguntas sobre la estampilla procultura. Nosotros las allegamos al recinto. En su momento se presentarán todos los argumentos y se controvertirá lo que se diga”, señaló Martínez.

En últimas, el miedo de los concejales es que lo vivido el lunes se repita durante toda la semana en la que se planea realizar cinco debates de control político.

DEIVIS CARO DAZA/ EL PILÓN
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