Para este lunes en la mañana, el Concejo de Valledupar tenía organizado un debate de control político a  la Alcaldía de Valledupar por presuntas irregularidades en un contrato de $1.099 millones. 

La jornada estaba citada para las 8 de la mañana, sin embargo, al llegar los concejales el sistema de aire acondicionado estaba dañado. Aún así, los corporados insistieron en seguir con el debate. 

Leído el orden del día y aprobado, el concejal proponente Ricardo Vives estaba interviniendo cuando de repente se cortó el servicio de la luz. 

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Según los concejales, todo se debe a un saboteo para que no se desarrolle el debate de control político. “Personalmente esto hace parte de un supuesto sabotaje. No es la primera vez que sucede. Ya en debates anteriores sucedía y pasaba lo mismo. Hasta el día de ayer funcionaban los aires y la energía. Lo más raro es que se fue solo en el recinto del Concejo. No tienen los argumentos suficientes para confrontar lo que hoy se expondrá en el Concejo”, señaló el concejal Ricardo Vives.

¿IRREGULARIDADES? 

 Once concejales citaron al secretario general, José Juan Lechuga; secretario de Hacienda, Saúl Martínez, y al jefe de la Oficina del Adulto Mayor de Valledupar, Jaider Rincones, para un debate de control político por las presuntas irregularidades que se cometieron en la celebración del contrato de prestación de servicios No.1011 que celebró el municipio con la Fundación Creciendo con Cultura.

Según lo expuesto, el objetivo del contrato era apoyo logístico, equipo, luces y otro tipo de actividades a la Alcaldía de Valledupar. “Dentro del contrato hay una cláusula que obligaba al contratista a contratar al menos cuatro empleados, vinculados formalmente a nómina. Esto no se dio, por ende viola la norma. En un soporte el contratista reconoce que no tiene empleado alguno vinculado y por eso se exonera de pagar seguridad social a sus empleados”, explicó el concejal Vives. 

A eso se sumó, asegura, un posible conflicto de intereses. “La dirección que entregaron donde presuntamente está ubicada la empresa es la dirección donde vive la madre y familiares de una funcionaria de Secretaría General, quien funge como apoyo a la supervisión del contrato y quien proyecta los oficios. 

“Sin embargo, en dicha dirección no pudieron notificar al representante legal porque en ese domicilio señalaron que no funciona dicha fundación. La dirección es la carrera 13 #36-175 del barrio 12 de Octubre. Esa dirección fue la señalada en el contrato”, agregó Vives. 

De los funcionarios de la Alcaldía citados, asistió el secretario de Hacienda, Saúl Martínez y el jefe de la Oficina del adulto mayor de Valledupar, Jaider Rincones. El secretario general, José Juan Lechuga, se excusó señalando dolores lumbales.

Por: Deivis Caro Daza | EL PILÓN