El próximo 3 de diciembre completaré 23 años como columnista de este periódico, pues mi primera columna fue publicada en 1999, gracias a la complacencia amistosa de Dickson Quiroz Torres, entonces propietario y director de EL PILÓN, al cual quedé vinculado como columnista semanal, labor que he preservado y desempeñado siempre con sumo agrado, procurando ser lo más objetivo posible. 

Escogí la fecha en la que en Colombia se celebra el Día Panamericano del Médico en honor al natalicio de, Carlos Juan Finlay Barrés, médico y científico cubano que descubrió que la fiebre amarilla es transmitida por un vector: el mosquito Aedes aegypti. Enfermedad que azotó fuertemente a los pobladores de las regiones con climas tropicales.

La verdad monda y lironda es que mi primera columna fue una protesta por el impacto negativo producido por la Ley 100 de 1993, mediante la cual, literalmente en nuestro país, empresarios arribistas en contubernio con políticos de igual laya,  la atención de la salud -también léase atención de los enfermos- la convirtieron en una mercadería despiadada, con la que generalmente se tortura a los enfermos pobres carentes de padrinazgos y también menoscaba altamente los ingresos de los trabajadores y profesionales de la salud, especialmente el del gremio médico, que no solo es perjudicado en lo económico, sino en el estatus social, que prácticamente es reducido a nivel de  proletario, porque a todas luces los médicos disfrutábamos muchos privilegios, condición que nos otorgaba enorme independencia y nos salvaba del sometimiento indigno que sufren los otros gremios, cuyos ingresos dependen  de salarios y contratos, tanto del sector público como del privado.

En cambio, los médicos disponíamos de muchos votos que manejábamos a nuestro   albedrío, potestad que nos arrebataron, reitero, con la Ley 100 de 1993.

Otra realidad innegable es que la mayoría de los médicos quieren mucho a su prójimo y, por ende, muy respetuosos del juramento hipocrático, que lo cumplen a cabalidad. Sin embargo, hay médicos inescrupulosos que abusan o que no pierden oportunidades para sacar lucros indebidos. Lo más grave es que entre estos últimos algunos se cuelan como profesores en las facultades de medicina o les dan la categoría de profesor sin merecerlo; por ejemplo, cuando yo hice la práctica de cirugía general correspondiente al año de Médico Interno Rotatorio en la clínica Rafael Uribe, de Cali, ingenuamente, le informé al médico jefe de urgencias (que supuestamente era mi profesor), que muchos trabajadores de dicha clínica a menudo me pedían el favor de que les formulara medicamentos, rotundamente me respondió: “doctor Romero, a usted le entregamos un sello para que refrende su firma en las fórmulas, órdenes e incapacidades médicas, y nadie las puede invalidar, incluso ni el presidente de la República”. Tal respuesta con nítido mensaje de garrafal supremacía me alarmó hondamente, tanto que nunca se me ha olvidado y siempre he pensado qué no habrá cometido ese médico con su desmesura, tal vez aprendida de otro profesor similar.

Para que las nuevas generaciones de médicos -específicamente los especializados en cirugía general- formados después de la implementación de la susodicha Ley 100, conozcan la dimensión del menoscabo económico, les informo que a todos los procedimiento correspondientes a la especialidad mencionada les rebajaron más del 90% de sus costos con respecto al valor estipulado por la Sociedad Colombiana de Cirugía General, ya que antes de entrar en vigencia la multimencionada ley el precio de una apendicectomía por laparotomía por apendicitis aguda no complicada era de un millón doscientos mil pesos, y las EPS por la tarifa oficial pagaban 100 mil pesos a los cuales les descontaban el 11% de retención en la fuente por salarios. Actualmente, 28 años después los cirujanos generales reciben 150 mil pesos por cada apendicectomía realizada a través de laparotomía. No sé el costo cuando es por laparoscopia.