Para dar a conocer detalles de cómo será la reactivación del proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol, sector 3, (que va desde el corredor de San Roque, Cesar, hasta la Ye de Ciénaga, Magdalena, y desde el corredor de El Carmen de Bolívar, Bolívar, hasta Valledupar, Cesar, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se reunió ayer con los parlamentarios del Cesar y representantes de la Gobernación.

“Estamos muy próximos a llegar a la firma de un Otro Sí o acuerdo para luego llegar a una propuesta de acuerdo conciliatorio en términos de las variantes, que en este proyecto son 15. Una vez estén los documentos protocolizados se podrá definir cuál es el momento del reinicio de estas obras”, explicó el vicepresidente ejecutivo de la ANI, Carlos Alberto García Montes, tal como lo anticipó EL PILÓN en su edición Económica.

Manifestó: “Empezamos las Comisiones de Empalmes donde la recomendación de las personas que salían de la ANI era la caducidad del contrato. Desde que inició el período del presidente Iván Duque hemos trabajado en la búsqueda de la solución al problema que nos ha tomado varios meses. No ha sido fácil porque se han presentado infinidad de situaciones que son negativas en el proyecto, pero después de hacer el balance consideramos que lo mejor para la región y el país es poder reactivar estas obras, propósito en el que estamos muy cerca. Estamos en los últimos detalles para la firma del Otro Sí, en el marco de un procedimiento administrativo al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura”.

CONDICIONES DEL OTRO SÍ

El mencionado Otro Sí tiene unas condiciones, una vez sea firmado, que básicamente son: –Un crédito internacional por 400 mil millones de pesos que debe conseguir el concesionario (Yuma) porque la banca nacional cerró las puertas a esa posibilidad. El compromiso del concesionario es de poner 274 mil millones de pesos, correspondientes a unos recursos que son de ellos, según el contrato, para la ejecución de la obra.

-El compromiso del concesionario de colocar 25 mil millones de pesos aproximadamente para financiar la interventoría.

-La ampliación de 56 meses en el plazo para la etapa de construcción. El Gobierno aceptaría que sea amplíe la prórroga de la etapa de construcción desde diciembre del 2019 hasta diciembre del 2023, teniendo en cuenta que lo que se va a invertir son recursos del orden del 3.2 billones de pesos en la obra que demandaría inversiones anuales de 800 mil millones de pesos; es decir, una cifra superior a los 60 mil millones de pesos mensuales, con una participación de mano de obra de 3.500 empleos.

-“También está el tema de los acuerdos de pagos con los proveedores, deudas de 128 mil millones de pesos, que serán de acuerdo con lo que hemos hablado con los proveedores y con la carta del Plan de Pago que se presentarán a la Superintendencia de Sociedades el 100 % del pago de los recursos a aquellos proveedores que tienen deuda hasta del orden de 500 millones de pesos y pagos de una parte de esta deuda con plazos entre 12 a 24 meses, dependiendo del recurso adeudado por parte del concesionario. Con ello garantizamos que el 75 % de los proveedores, que son cerca de 193, tengan pagos del 100 % y el otro 25 % con plan de pagos hasta 24 meses”, dio a conocer García Montes.

-Levantamiento de las medidas cautelares del Tribunal Internacional.

-Transacción sobre sancionatorios en curso.

-Reducción de la cuantía de las pretensiones del Tribunal Internacional.

-Los rendimientos de las vigencias futuras, que corresponden a Yuma, serán reinvertidos en el proyecto.

-Modificación de las vigencias de operación.

-Fondo de subcuenta de interventoría de la diferencia del valor del costo mensual de construcción y operación por la ampliación de la fase de construcción.

-Autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades para la suscripción del documento.

Por: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN
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