Hace tres años, en plena campaña presidencial, varios advertimos que las propuestas económicas del entonces candidato Gustavo Petro estaban construidas sobre una frágil base fiscal. No se trataba de desestimar la necesidad de justicia social, sino de preguntarse cómo se financiaría un Estado más grande, con mayor gasto, sin comprometer su sostenibilidad. JP Morgan, en su informe de abril de 2022, advirtió precisamente eso: aunque los objetivos eran socialmente ambiciosos, su plan de expansión del gasto en 5,5 % del PIB se basaba en supuestos frágiles, y representaba una amenaza directa a la regla fiscal de Colombia.
Hoy, en 2025, esas advertencias se materializaron. Según los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal del Gobierno Central al mes de abril ya supera el 7 % del PIB, un nivel más alto que el registrado en el peor momento de la pandemia. Recordemos que en 2020 el país se paralizó por completo, lo que obligó a gastar más para proteger a la población. Pero hoy no hay una emergencia sanitaria: hay una política de gasto estructural desbordado que no está siendo compensada con ingresos suficientes.
Durante el primer trimestre del año, el gasto del gobierno creció más del 30 % anual. Buena parte de ese gasto está comprometido en obligaciones inflexibles: pago de nómina pública, subsidios, programas sociales, transferencias y sobre todo, el servicio de la deuda. Solo en intereses, el país ya destina cerca de un tercio de lo que recauda en impuestos. Eso significa que el margen para invertir en salud, educación, infraestructura o juventud es cada vez más reducido.
Mientras tanto, el recaudo tributario sigue por debajo de lo proyectado. La reforma fiscal de 2022 no generó el impacto esperado. El crecimiento económico ha sido menor al estimado, y muchas de las exenciones o beneficios tributarios se mantuvieron por razones políticas. Además, la evasión sigue siendo un reto, y la DIAN no ha alcanzado las metas de eficiencia que se habían propuesto.
Frente a este escenario, el gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que le permitió exceder los límites legales del déficit sin consecuencias inmediatas. Aunque esto es legal, también genera una fuerte señal de alarma: cuando se suspenden los controles, se debilita la confianza del mercado. De hecho, las agencias calificadoras como Moody’s y S&P ya han degradado la calificación crediticia de Colombia, lo que encarece el crédito, ahuyenta inversión extranjera y complica aún más la situación fiscal.
¿Y qué implica todo esto para el país?
Primero, un Estado atrapado en el pago de su propia deuda, con menos recursos para atender necesidades reales. Segundo, mayor presión sobre la inflación y el dólar, lo que encarece la vida diaria de los ciudadanos. Tercero, una reducción en la inversión pública que afecta empleo, competitividad y desarrollo.
Y lo más preocupante: es mi generación la que cargará con este peso. Los jóvenes que hoy buscan trabajo, que emprenden, que estudian con la ilusión de aportar al país, están heredando un Estado más endeudado, menos flexible y con menor capacidad de actuar.
Esto no es una postura de oposición ni una condena ideológica. Es una defensa técnica del sentido común. La sostenibilidad fiscal no es un “capricho neoliberal”, es una condición básica para que el Estado pueda cumplir su promesa social a largo plazo. Un Estado que gasta más de lo que puede sostener, termina colapsando. Y cuando eso ocurre, los más vulnerables siempre son los más afectados.
Hoy, el país necesita un ajuste. No se trata únicamente de más impuestos, sino de revisar con seriedad el gasto, recuperar la credibilidad de la regla fiscal, y priorizar lo urgente sobre lo populista. Y sobre todo, necesitamos ciudadanía informada que entienda que gobernar no es solo prometer, sino también responder.
La verdadera transformación no se construye a punta de endeudamiento ni se sostiene con discursos. Se construye con responsabilidad, con técnica, y con una visión de futuro que no ignore el presente fiscal.Porque cuando el déficit explota, las consecuencias no las paga quien gobernó. Las pagamos todos.
Por Tatiana Barros
