Sus manos temblorosas la delatan a la hora de recordar su tragedia. Mientras saca fuerzas para contar su historia, sus lágrimas se asoman como aquel río desbordado en pleno invierno.

Doña Marta Figueroa no borra de su mente aquella madrugada de agosto de 1970 cuando seis hombres armados incursionaron en una finca en zona rural del municipio de Guamal, Magdalena, y asesinaron a un sobrino, dos primos y un tío. Es día no hubo clemencia alguna para los desconocidos, las balas homicidas sonaron en ráfagas, mientras los perros ladraban sin cesar ante semejante escena llena de sangre y terror.

Su piel refleja el sorbo del sufrimiento, sus ojos tratan de disimular los recuerdos vestidos de horror de los que nunca olvidará por culpa de una franja sangrienta de la que solo quedan secuelas teñidas de pánico que trata de superar con el tiempo.

“Eso fue un crimen de estado porque entre los asesinos había varios policías del pueblo, todavía me acuerdo como si fuera ayer, ellos primero preguntaron por el valor de la finca de más de 30 hectáreas de tierra y al saber que no la vendíamos mataron a la mitad de mi familia”, recordó la mujer.

“Yo tenía 15 años en aquel momento, ahí se salvaron una mujer y dos niños, esa gente estaba muy agresiva, hoy 46 años después aún siento temor de morir. Yo estoy viva porque nos tienen amenazados que si abríamos la boca, nos matan. Yo no quiero que me devuelvan la finca, lo que quiero es que el Estado nos haga una reparación y nada más”, dijo doña Marta, mientras asegura que “esa gente que mató a mi familia aún están por ahí dando vueltas”.

Quince días después de la macabra acción, la mujer de piel morena y semblante pueblerino, huyó de ese entorno lleno de tragedia y sentó su inmueble en un populoso sector de Valledupar como queriendo huir del dolor que un día truncó el porvenir económico de su humilde familia
Pero parece condenada a convivir con la desdicha. Cree que los asesinos aún siguen sus pasos y la vigilan con lupa para que nunca denuncie su infortunio.

“El 8 de febrero de 2002 varios hombres me retuvieron en mi propia casa y me advirtieron que como abriera la boca me mataban, duraron más de siete horas, eso fue terrible porque mi mamá estaba recién operada, eso la afectó mucho; finalmente murió el 30 de julio de ese mismo año. En ese momento yo hacía parte de la Organización Campesina de la Mujer por eso me amenazaron de muerte en mi propia casa”, recordó.

El dolor fue más agudo cuando en 2004 asesinaron a un sobrino en el corregimiento Los Brasiles, entre los municipios de Codazzi y San Diego; ahí sintió que su condena estaba pintada de rojo y que la próxima víctima sería ella.

Sin embargo, se aferra a la voluntad de Dios porque asegura que ha “subsistido gracias a las bondades del Señor”. Marta Figueroa fue una de las decenas de personas que ayer participaron en el Foro sobre las Víctimas del Conflicto Interno en Colombia, realizado en Valledupar en la Biblioteca Departamental ‘Rafael Carrillo Luque’.

Tiene miedo y asegura que luchar por esas tierras es encontrar la muerte, tal como le ocurrió a Ofelia Mosquera, una de las líderes de víctimas del conflicto armado en Colombia, que además trabajaba para la Organización Internacional de Migraciones (OIM). La líder asesinada en el departamento del Chocó. Mosquera, quien laboraba en la OIM, además de trabajar en la implementación de la ley de víctimas, fue encontrada muerta la madrugada del sábado 30 de diciembre de 2015 en el municipio de Acandí, con dos impactos de bala en la cabeza, aunque en su momento la Fiscalía no precisó si el crimen está relacionado con su labor.

Doña Marta Figueroa es una de las 360 mil víctimas del conflicto armado en el departamento del Cesar, todavía guarda la esperanza de que el Estado le dé una mano.

Mientras escuchaba a los ponentes que intervinieron en el foro, miraba de un lado para otro como queriendo buscar explicación a tanto protocolo en medio de la tragedia.

Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, José Luis Urón, expresó una voz de aliento hacia las víctimas, que por fin arrancó un leve aplauso de la mujer de 51 años. “No es hora de la nostalgia, hay que darle un fuerte aplauso a estos guerreros que están aquí”, dijo el ejecutivo.

En el mismo evento se escucharon mensajes de perdón y reconciliación compartidos entre algunos reintegrados con las víctimas del conflicto armado. El foro tuvo como objetivo generar un espacio de reparación simbólica a favor de la población víctima del departamento.

Entre los ponentes estuvieron el escritor y periodista Alfredo Molano Bravo, el concejal de Bogotá Antonio Sanguino, la subdirectora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas , Katerine Herrera, entre otros.

Las políticas
El asesor de Paz del Cesar, Carlos Javier Toro Velásquez, reveló que “estamos en la inspección del Plan de Desarrollo para que allí se incluya, como parte de la política pública de víctimas, unos recursos provenientes de cada sectorial para personas afectadas por el conflicto armado; incluso para reinsertados que hagan parte de los posibles acuerdos de paz con las diferentes guerrillas y grupos armados. Incluye temas como infraestructura, salud, vivienda, proyectos productivos”.

En su intervención, explicó que está en marcha el proyecto de la unidad productiva ovino-caprino que fue cofinanciado por la Unidad de Víctimas con 70 por ciento y el restante por el departamento, en el que resultaron beneficiados los municipios de Pailitas, Curumaní, Chiriguaná, Pelaya y Astrea.

Toro Velásquez reconoció que aún hay falencias en este proceso de reparación de víctimas. “Se han cometido muchas imprecisiones por parte de algunos entes territoriales porque la Ley de Víctimas apenas lleva cinco años y por ser novedosa hay algunas inconsistencias, pero hoy podemos hablar de una madurez porque ya hay instituciones comprometidas con esta población”.

Las cifras
Reveló que en Valledupar hay 179 mil víctimas del conflicto armado, lo que representa la mitad de la cifra global en el Cesar y más de la mitad corresponden al sexo femenino.

Respecto al tema del desplazamiento, el director de la Unidad de Restitución de Tierras en los departamentos de Cesar y La Guajira, Jorge Enrique Chávez Perdomo, reveló que “en el Cesar, desde 2012, hemos presentado 500 demandas ante los jueces, de las cuales 40 se han resuelto a favor de las víctimas, estamos hablando de más de 200 familias; hoy (ayer) entregamos unas tierras en el corregimiento de Mariangola, igualmente mañana estaremos realizando un acto en el Día de las Víctimas”.

Dijo que la Unidad de Restitución de Tierras recibe las solicitudes y las estudia “para ver si provienen de un despojo generado por grupos armados y gestionamos para emprender un proceso legal para recuperar los terrenos ocupados ilegalmente”.

Hasta mayo de 2015, Colombia había indemnizado a unos 500.000 damnificados por el conflicto armado, de los 7,3 millones de afectados que, según el gobierno, ha dejado la confrontación interna de más de cinco décadas.

“Hoy en Colombia, 503.618 víctimas del conflicto armado han recibido su reparación”, dijo en su momento un vocero de Reparaciones de la estatal Unidad de Víctimas, una entidad creada para la atención de los afectados por el conflicto armado que vive Colombia desde más de medio siglo.
Esa reparación, dispuesta en el marco de la Ley 1448 de 2011, incluye una indemnización económica, y en ocasiones, acompañamiento psicológico.

La reparación y restitución de tierras a los afectados está contemplada en la misma ley, que establece el mecanismo por el cual quienes sufrieron algún hecho victimizante a partir de 1985 en el marco del conflicto colombiano, o sus familiares en primer grado de consanguinidad, pueden postular a un resarcimiento.

El medio millón de personas reparadas representa el 8,94% de las más de 5,6 millones de víctimas que el gobierno consideró “sujeto de asistencia y reparación” según esa norma.

Entre los hechos victimizantes se destacan el desplazamiento forzado, la tortura, el secuestro, las lesiones por minas antipersonales y la violencia sexual.

De acuerdo con la ONU, más de 5,3 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza en Colombia, en un conflicto en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas militares. Además, según cifras oficiales, la conflagración ha dejado al menos 220.000 muertos.

Antonio Sanguino Páez, actual concejal de Bogotá, fue otro de los invitados al Foro sobre las Víctimas del Conflicto Interno en Colombia, quien aseguró que “tenemos una inmensa responsabilidad social en Colombia, primero debemos la guerra, hoy (ayer) ‘Timochemko’ le envió le envió una carta al Presidente Juan Manuel Santos en la que asegura que a las Farc no les interesa las armas, sino la vida y este es un paso importante, los firmantes en La Habana deben atender el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Esto no es solo un asunto de asistencia social en salud, educación y empleo, debe haber una restitución plena e integral de los derechos de las víctimas”.

Sobre esas garantías el concejal de la capital de la República aseguró que “estamos en un momento distinto al de hace 20 ó 30 años, hay otras circunstancias porque existe la Corte Penal Internacional, hay una legislación de derecho de las víctimas, sin la atención de estas es imposible la paz”.

Desde el 9 de abril de 2012 la Ley de Víctimas ordenó que en el mismo día de conmemoración del asesinato del líder político Jorge Eliécer Gaitán, el país se solidarizara con las víctimas.

Han pasado casi cuatro años desde que la ley fue sancionada. Más de 400 mil víctimas reparadas de 303 grupos y comunidades han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva y más de 107 mil se han beneficiado de los programas de atención psicosocial.

Nibaldo Bustamante/EL PILÓN