El 4 de diciembre de 2024, la exministra del Transporte, María Constanza García, ordenó desde el departamento del Cesar la realización de mesas de trabajo sobre el diseño de la segunda calzada Valledupar-La Paz, luego de escuchar las observaciones realizadas por los veedores ciudadanos de la obra, quienes manifestaron su preocupación por el ancho de 2 metros del separador central y los riesgos que esta medida, según ellos, supone en materia de seguridad vial.
“Yo le pediría al presidente de Findeter (Juan Muñiz) y al director de Invías (Juan Montenegro) que podamos, en unas mesas de trabajo con las veedurías, explicar en qué está soportado nuestro diseño. A lo largo de nuestros 18.000 kilómetros de carretera podemos encontrar muchos kilómetros con separadores de 1.5 metros, de 2 metros, yo los invito a que miremos objetivamente y a que entre todos tratemos de sacar este proyecto adelante”, expresó la ministra desde el campamento de la obra en jurisdicción del municipio de La Paz.
¿Por qué no ha sido realizado?
Casi 3 meses después de esa solicitud, la reunión no se ha realizado. ¿Por qué? El argumento de la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter), a cargo de contratar la obra de 7 kilómetros, es que “en reiteradas ocasiones” han solicitado a la veeduría el sustento técnico para poder realizar la mesa técnica anunciada.
Dicho documento debía contener “criterios técnicos referenciando la normativa bajo la cual evaluaron la necesidad de ampliación del separador”. La entidad agregó, tras consulta de EL PILÓN a inicios del presente mes de febrero, que en cuanto la entidad recibiera dicho sustento se organizaría la mesa técnica.
El sustento de la veeduría
La veeduría envió el documento a la Gerencia de Transporte y Movilidad de Findeter en que el que además afirma que como veeduría ciudadana legalmente constituida y como vigilante de la gestión pública sobre la gestión administrativa y contractual, no está “para hacer, informes técnicos” y no consideran que el documento sea indispensable para cumplir con lo ordenado en ese entonces por el Ministerio.
“Ahora bien, frente a las normas que sustentan nuestra solicitud, está la Ley 1228 de 2009, la cual determina las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, la cual en su artículo primero define cuál es la aplicación de la Ley para el Sistema Nacional de Carreteras que conforman el Sistema Vial Nacional, y en el artículo segundo, en su parágrafo define el metraje determinando que se toma la mitad a cada lado del eje de la vía, y que en vías de doble calzada de cualquier categoría, la zona de exclusión se extenderá mínimo 20 metros al lado y lado de la vía”, describen los veedores.
“En consecuencia, la sección típica para una doble calzada de cualquier categoría, debe tener: una berma externa de 2.00 m; una berma interna de 1.00 m; un carril externo derecho para vehículos pesados de 3,65 m; el carril izquierdo o de adelanto de 3,50 m; que sumados dan 10,20 m de ancho de vía. Quiere decir, que si tomamos el eje de una calzada y medimos los 20 m hacia cada lado (interna y externa) y hacemos lo propio en la otra calzada, nos da un separador central mínimo de 30 metros de ancho”, añade el informe.
Los ciudadanos, quienes están a la espera de la fecha para la reunión, insistieron en que “es un hecho notorio y evidente” el riesgo que correrán los usuarios de la vía Valledupar – La Paz en ambos sentidos al tener dos calzadas muy pegadas.
“No se está exento de una falla humana como el micro sueño o el encandilamiento o deslumbramiento nocturno; o una falla mecánica, como el estallarse una llanta y perder el control, o una dificultad con el sistema de dirección o de los frenos, en ambas situaciones, haría que al salirse un vehículo de una calzada saldría directamente a invadir la otra calzada encontrándose de frente con los vehículos que circulen en sentido contrario”, puntualizaron.
Por Redacción EL PILÓN.
