El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Valledupar admitió la tutela presentada por el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, en contra de varias entidades, entre ellas la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter, a cargo de contratar la construcción de la segunda calzada Valledupar-La Paz; el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Gobernación del Cesar, los municipios de Valledupar y La Paz, el Ministerio de Transporte, la Fiduciaria Corficolombiana, la Unión Temporal Vial VLP (contratista), y la Superintendencia de Transporte.
El representante gremial alega que se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, por presunta falta de socialización y consulta con las comunidades; a un ambiente sano, a la vida y dignidad humana, así como a la participación ciudadana y a la seguridad vial en medio de la construcción de esta carretera paralela a la primera calzada La Paz-Valledupar, a cargo de la Nación.
Argumentos
La acción describe que este corredor nacional de 7 kilómetros tiene “curvas peligrosas que incumplen las normas de diseño geométrico del Invías, exponiendo a los usuarios de la vía a accidentes fatales; un sistema de drenaje inadecuado que provoca inundaciones recurrentes afectando predios cercanos incluidos los de la Universidad Nacional sede La Paz y ausencia de infraestructura crítica como el puente sobre el río Cesar”.
