Un jurado del Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama, en Estados Unidos, emitió un veredicto a favor de la compañía minera Drummond Ltd., desestimando las acusaciones que la vinculaban con grupos al margen de la ley en Colombia.
La decisión judicial, tomada el pasado 15 de enero de 2026, concluyó que el abogado Terrence P. Collingsworth y la organización International Rights Advocates (IRAdvocates) incurrieron en difamación y violaron la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como Ley RICO.
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El fallo determina que los demandados ejecutaron una estrategia coordinada basada en declaraciones falsas para dañar la reputación de la multinacional y afectar sus operaciones comerciales. Como consecuencia de estas acciones, el jurado ordenó una indemnización inicial de 52 millones de dólares por difamación y 68 millones de dólares por la violación de la Ley RICO; sin embargo, debido a la naturaleza de esta última legislación, el monto sancionatorio se triplica automáticamente, elevando la cifra total a 256 millones de dólares.
“Pagos a testigos”
Durante el juicio se presentaron evidencias que demostraron que Collingsworth y su organización realizaron pagos no revelados superiores a los 400.000 dólares a testigos clave, entre ellos Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris, alias ‘El Viejo Miguel’. El jurado encontró culpable al abogado de soborno y manipulación de testigos, estableciendo que actuó con conocimiento de que las acusaciones sobre el supuesto apoyo de la minera a grupos paramilitares eran falsas o, al menos, ignoró imprudentemente la verdad.
La sentencia también involucra a otros actores señalados como conspiradores en este proceso judicial, incluyendo al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y al empresario holandés Albert van Bilderbeek, quienes fueron hallados responsables bajo los parámetros de la ley federal estadounidense. Según los documentos del caso, estas personas participaron en una campaña de presión mediática y judicial en Estados Unidos, Europa y Colombia sustentada en testimonios comprados.
Trey Wells, abogado litigante principal de la firma Starnes Davis Florie LLP y representante de la compañía, manifestó que este veredicto unánime confirma que la empresa no ha tenido vínculos con organizaciones ilegales y cierra un capítulo de décadas de señalamientos que la justicia norteamericana ha calificado como maliciosos.
Por su parte, la multinacional aseguró que desde el inicio de sus operaciones en el Cesar a finales de los años 80, se ha regido por la legalidad y continuará sus labores bajo estándares de integridad.
