La historia de Osiris Elena Benítez es un retrato doloroso de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. Mientras el país discute cifras de déficits, embargos y deudas billonarias, ella libra una batalla por la vida de su bebé de apenas 50 días, atrapada en las demoras administrativas y la falta de oportunidad en la atención de Nueva EPS en Valledupar.
“La niña se ahoga y no la remiten”
Benítez relata que su bebé, de entre 50 y 55 días de nacida, llegó al mundo en Córdoba con problemas respiratorios y desde entonces ha pasado casi todo el tiempo hospitalizada. “Al nacer tuvo dificultades para respirar y desde entonces ha pasado prácticamente hospitalizada”, contó a EL PILÓN.
Hace 11 días, la pequeña fue remitida a Valledupar para una valoración por otorrinolaringología. “El otorrino le diagnosticó laringomalacia, pero dijo que necesitaba muchos exámenes para confirmar, entre ellos un examen de exclusión que aquí no se podía hacer porque no hay los aparatos”, relató. Según la madre, desde la semana pasada espera la remisión a un centro de cuarto nivel y aún no hay respuesta de la EPS sobre a dónde será trasladada su hija.
Mientras los trámites se detienen, el cuadro clínico se agrava. “Ella se tira prácticamente a ahogarse y ayer me la tuvieron que intubar. Ahora está hinchada y en estado delicado en la clínica Organización Humana Integral”, denunció Benítez.
Tutela, Supersalud y puertas que no se abren
Ante la falta de oportunidad en la atención, Osiris ha recurrido a distintas instancias para exigir el cumplimiento de los derechos en salud de su hija. “Ya fui a la Defensoría del Pueblo y me hicieron la tutela. También enviamos una carta la semana pasada a la Superintendencia Nacional de Salud, una prima me ayudó a radicarla”, explicó.
La Superintendencia Nacional de Salud confirmó la recepción de la queja mediante el radicado PQRD 20262100002011442, en el que se reportan presuntas irregularidades de Nueva EPS por “falta de oportunidad en las citas o consultas” y “falta de oportunidad en el proceso de referencia y contrarreferencia” del caso de la menor. En un oficio enviado a la usuaria, la entidad informó que realizará actividades de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de los derechos en salud y, de ser necesario, adoptar medidas de control o investigaciones contra la EPS.
“Yo he ido a la sede de Nueva EPS, a la Secretaría de Salud aquí y también me apoyé en la Defensoría, pero todavía nadie me dice a dónde la van a remitir, solo estoy esperando mientras la niña se empeora”, insiste la madre, quien asegura que ya agotó los mecanismos legales a su alcance.
Valledupar, una ciudad en riesgo por la crisis de Nueva EPS
El caso de Osiris ocurre en una ciudad donde el acceso a servicios para usuarios de Nueva EPS ya venía en deterioro desde 2025, por la suspensión de consultas, procedimientos y hospitalizaciones en varias clínicas debido a las deudas acumuladas de la aseguradora con los prestadores. En Valledupar, más de 88.000 afiliados —58.416 del régimen subsidiado y 30.340 del contributivo— han sido advertidos de que solo tendrían atención por urgencias vitales, ante la decisión de clínicas como Médicos de Alta Complejidad, Clínica Valledupar, Médicos Centro e Instituto Cardiovascular del Cesar de limitar servicios por falta de pago de Nueva EPS.
Autoridades locales ya habían alertado que esta situación podía desencadenar una emergencia sanitaria en la capital del Cesar, al dejar a miles de pacientes sin acceso a consultas especializadas, tratamientos y hospitalizaciones, especialmente en patologías complejas que requieren remisiones a niveles superiores de atención. Los entes territoriales y directivos de las clínicas advirtieron que la deuda acumulada ponía en riesgo la sostenibilidad de las instituciones y, en consecuencia, la vida de los usuarios.
Una EPS en emergencia y un sistema al límite
La crisis que vive Nueva EPS no es un caso aislado, sino el síntoma de un sistema de salud que inició 2026 con un déficit financiero histórico, pérdidas acumuladas y un aumento sostenido de quejas de usuarios por falta de medicamentos, retrasos en autorizaciones y suspensión de servicios. Informes de organizaciones como Así Vamos en Salud y de entes de control han advertido que las deudas de Nueva EPS con hospitales y clínicas se dispararon en los últimos años, con un crecimiento cercano al 198% entre 2022 y marzo de 2025 y un patrimonio ya en terreno negativo, lo que ha llevado a hablar de “inviabilidad estructural” de la entidad.
Además, se han documentado embargos judiciales por más de 2,1 billones de pesos y un descalce mensual en las finanzas de la aseguradora, que recibe cerca de 1,6 billones pero gasta alrededor de 2,4 billones, situación que impacta directamente la prestación de servicios a sus más de 11,7 millones de afiliados. Análisis recientes sobre sobremortalidad en usuarios de Nueva EPS han vinculado el aumento en fallecimientos por cáncer, diabetes y otras patologías con la interrupción de tratamientos y los retrasos en la autorización de procedimientos médicos.
En este contexto, la historia de la hija de Osiris Elena Benítez se convierte en una alerta sobre cómo las cifras macroeconómicas y los conflictos entre EPS, prestadores y Gobierno se traducen en camas de hospital, tutelas y madres que ven peligrar la vida de sus hijos. “Yo solo quiero que la remitan rápido, porque la niña no aguanta más”, concluyó, esperando que la tutela y la intervención de Supersalud obliguen a una respuesta inmediata de Nueva EPS.
