Cada vez se habla y escribe más sobre la transición energética en el país. Desde los territorios que se verán más afectados, aquellos que producen combustibles fósiles, también lo hacemos y con un ingrediente adicional: con la preocupación del futuro propio. Nos preguntamos cómo adaptarnos a la nueva situación y no esperar a que se hunda la economía carbonífera, para comenzar la reconversión productiva. Esta, debe desarrollarse de manera simultánea al marchitamiento de la producción de combustibles fósiles, a los que de todas maneras le faltan muchos años para que salgan del mercado.

Durante la transición energética por lo menos seis sectores entre sociales y territoriales se van a ver afectados de manera directa y por lo tanto es muy importante que la gente del Cesar, Magdalena y La Guajira, los tengan en cuenta para hacer seguimiento y analizar qué alternativas propositivas hay, en una economía postcarbón.

El primero tiene que ver con el futuro uso del suelo post-minero, o mejor dicho de lo que quedará de él. Nos referimos a los pits, socavones y acumulados de tierra estéril que se acopian en los botaderos. Qué uso se le puede dar a dichos terrenos ya desechados desde el punto de vista minero. De una parte, para recuperarlos ambientalmente y de otra ver si aún subsiste un uso económico de los mismos. Hay que estudiar ejemplos de otros territorios y de otras naciones: revegetalización en algunos sectores es posible después de rellenar los pits o también es posible resembrar los botaderos. Existen algunos ejemplos de revegetalización exitosos en el Cerrejón. Otra posibilidad es llenar los socavones con agua y usarlos para instalar sobre ellos paneles flotantes para generar energía, irrigación agrícola o inclusive como sitios de visita y recreación. En la Red Europea de Museos del Carbón se encuentran más de diez museos ubicados en Reino Unido, Polonia, Italia y otros países europeos. Usualmente estos están asentados en antiguas minas de carbón adaptados para las visitas guiadas.

Un segundo elemento para tener en cuenta en la transición energética son los activos mineros que se van a dejar de usar, pero que serán de una inmensa utilidad regional y nacional. Empecemos por las tierras colindantes a las minas propiamente dicha. Las mineras poseen una considerable cantidad de tierra que puede ser útil para producción agropecuaria, acuerdos con ellas para trabajarlas con las comunidades vecinas, muchas de ellas en extrema pobreza, sería de una enorme contribución para el desarrollo rural del país y para la reforma agraria que propugna el gobierno. Hay unos activos muy importantes en trenes y vías férreas que se pueden usar para transportar productos diferentes al carbón, lo que ya se está haciendo y puertos que deben volverse multipropósito para facilitar la exportación e importación de otros productos diferente al mineral. Hay bodegas, instalaciones, oficinas, equipo automotor, que no necesariamente van a revertir al Estado, eso seguirá siendo propiedad de las empresas, pero pueden ser reconvertidas para el desarrollo económico local.

En tercer término, un sector social que hay que apoyar para reconvertirse es el de los trabajadores que van a quedar cesantes en las diferentes operaciones de las empresas mineras. Eso toma tiempo, es gradual y pasa por la reconversión laboral, formación para el trabajo, instalación de emprendimientos o decisiones de retiro permanente. Nada de eso es fácil. Los trabajadores mineros, en su gran mayoría formales, van a quedar afectados en su seguridad social, la posibilidad segura de pensión que tenían en sus empresas se esfumará, perderán la atención médica que les facilitaban las empresas mineras, las ayudas educativas para ellos y sus hijos se reducirá, etc., todo esto se verá menoscabado por el cierre de las minas, por lo que insistimos desde CESORE, que dicho paso debe ser gradual y no como se hizo con los títulos mineros devueltos recientemente, en dónde el gobierno nacional, se negó a asignarlos nuevamente. Así que para este sector se requiere mucho apoyo y de manera gradual y continua. La mejor política pública para este sector no son programas que busquen sustituir de manera parcial y temporal los salarios sino una transición a la descarbonización de manera progresiva, paulatina y gradual.

Un cuarto afectado está relacionado con los trabajadores de la cadena minera. Los que trabajan para el sector, pero están por fuera de la mina, como contratistas o proveedores. El sector transporte, combustibles, restaurantes, hoteles, viviendas arrendadas, comercio, organizaciones proveedoras de alimentos, vestuario, mantenimiento de equipos y un innumerable grupo de pequeños y grandes proveedores. ¿Qué va a pasar con ellos? En el departamento del Cesar aún no se ha hecho, por ejemplo, un estudio del impacto social y económico que ocasionó el retiro de una de las mineras. Se calcula entre 5.000 y 7.000 trabajadores directos cesantes. Sin embargo, esta cifra es un número conservador de los posibles empleos perdidos.

Un quinto sector que se verá afectado serán las comunidades objeto de programas de responsabilidad social empresarial, que han recibido algunos beneficios de las empresas mineras y que el Estado debe mantenerlos (puestos de salud, colegios, transporte escolar), muchos de estos apoyos, son de obligación legal de las empresas, otros hacen parte de su política de RSE.

Finalmente está el tema de las finanzas locales y departamentales. ¿Qué va a suceder en los municipios mineros una vez se vaya marchitando el ingreso de las regalías? La producción carbonífera en el Cesar, La Guajira y Magdalena contribuye de manera crítica y en los primeros dos departamentos se diría que por ahora de forma irremplazable como fuente de recursos para las inversiones sociales tan necesarias. Para 2023, la región Caribe tiene la tasa de pobreza multidimensional más alta del país (20.1 %), lo cual es consistente con una pobreza monetaria del 65 % en La Guajira y del 52 % en el Cesar. Para cerrar estas brechas sociales, además de asegurar que no se despilfarren ni roben los recursos, se necesita un paquete de inversiones sociales durante muchos más años, donde las regalías juegan un papel fundamental.

Ahora bien, para esta diversificación productiva y reconversión laboral, se requieren cuatro condiciones según nuestro parecer. La primera tiene que ver con la gradualidad y continuidad de la misma. Hay que empezar ya, y seguir por muchos años. No se deben cerrar abruptamente las minas como ya se hizo. El cierre debe ser anunciado y preparado con años de anticipación, no meses. La primera condición de una transición justa es que sea gradual, para dar tiempo a las comunidades y a la economía para adaptarse.

En segundo lugar, se requiere legislación. En Colombia, falta normatividad para el cierre de las minas. Hay vacíos enormes para las empresas y para el Estado sobre cómo proceder ante la finalización de una explotación y del cierre de las minas. ¿La gran pregunta es qué deben devolver las mineras al Estado y en qué condiciones? Como mantener los compromisos laborales, y ambientales y muchas dudas más.

En tercer lugar y hablando desde el territorio, las regiones deben prepararse institucionalmente para acometer dicho tránsito. Se debe constituir una alianza entre gobierno-empresarios-trabajadores-academia, con el fin de construir una ruta común, pero de largo plazo. Eso implica compartir un diagnóstico, construir un futuro, programar objetivos y metas, definir responsabilidades, lo que se llama construir una visión estratégica. Para ello se debe contar con una institucionalidad concreta, con funcionarios idóneos, capaces, que conozcan la región, que tengan continuidad y mucho conocimiento. Debe ser un ente cuatripartito, como anunciado anteriormente con sede local y muchísima participación de personas capacitadas de la región.

Finalmente, y sin este instrumento no se podría hacer nada de lo anterior, se requieren recursos. Se propone constituir un Fondo de recursos para la transición productiva, abundante y continuo por muchos años. Un Fondo para invertir en reconversión laboral, en proyectos productivos, en bienes públicos en las zonas más afectadas. Dichos recursos pueden venir de préstamos internacionales que asuma la nación para el territorio y de las propias regalías. Que sea un Fondo que busque victorias tempranas para construir credibilidad y confianza en el proceso, que sea pulcro en su manejo y que esté totalmente alejado de las manos de las mafias políticas locales y nacionales.

Fernando Herrera Araújo. Director CESORE
Jorge Alberto Guerra. Economista CESORE.