Además de la permanente incertidumbre por una eventual crisis energética, altas tarifas en el servicio, ahora se suma el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energías en el pago de subsidios a empresas prestadoras de esos servicios, ante lo cual, según la Contraloría General de la República, cerca de 10 millones de colombianos estarían en riesgo de quedar sin electricidad, situación que afectaría a todo el Caribe.
Además de la permanente incertidumbre por una eventual crisis energética, altas tarifas en el servicio, ahora se suma el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energías en el pago de subsidios a empresas prestadoras de esos servicios, ante lo cual, según la Contraloría General de la República, cerca de 10 millones de colombianos estarían en riesgo de quedar sin electricidad, situación que afectaría a todo el Caribe.
La alerta de la Contraloría fue emitida este lunes 2 de septiembre “luego de hacer la respectiva vigilancia”, destacando que además de la costa Caribe están incluidas en ese estado de alto riesgo Nariño, Chocó y la región de Puerto Carreño, en el Vichada.
Ante la situación, el ente de control advirtió que “la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas”.
Explica la Contraloría que ese estado de cosas es en razón a “la falta de decisión del gobierno Nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos”.
Otra de las causas que también aduce el ente de control es el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la costa Caribe”.
También se habla de ingresos no recaudados por la opción tarifaria, lo cual “configura un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio”.
Coincidimos en que el tema es sumamente delicado para nuestra región y, como se puede ver, ya la Contraloría hizo lo propio como ente de control, corresponde ahora que las distintas fuerzas e instancias de poder del Cesar y todo el territorio del Caribe colombiano ejerzan la debida presión para que evitarlo.
Sería grave un apagón en estos momentos porque ello afectaría otros servicios como la salud, educación, comercio, funcionamiento de acueductos.
Es, además, el momento propicio para seguir presionando por la disminución de las altas tarifas de energía que tanto se ha cacareado y nada que se concreta para el alivio de los bolsillos de la ciudadanía.
Otras altas tarifas: las aéreas
Si las altas tarifas de energía andan por las nubes las tarifas para tomar un avión nos llevan a las estrellas. Es lo que ha repetido insistentemente la ciudadanía y que en nuestras páginas analiza hoy el Centro de Pensamiento del Cesar (Cesore), que recomendamos leer. Una situación estructural que nos hace poco competitivos frente a las posibilidades de atraer turistas pero especialmente que afecta a los cesarenses y vecinos de La Guajira y el Magdalena, incluso del sur de Bolívar, que en su transporte usan para salir o llegar el aeropuerto Alfonso López, asfixiado (s) pero sin alternativas por el monopolio de Avianca.
Además de la permanente incertidumbre por una eventual crisis energética, altas tarifas en el servicio, ahora se suma el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energías en el pago de subsidios a empresas prestadoras de esos servicios, ante lo cual, según la Contraloría General de la República, cerca de 10 millones de colombianos estarían en riesgo de quedar sin electricidad, situación que afectaría a todo el Caribe.
Además de la permanente incertidumbre por una eventual crisis energética, altas tarifas en el servicio, ahora se suma el incumplimiento del Ministerio de Minas y Energías en el pago de subsidios a empresas prestadoras de esos servicios, ante lo cual, según la Contraloría General de la República, cerca de 10 millones de colombianos estarían en riesgo de quedar sin electricidad, situación que afectaría a todo el Caribe.
La alerta de la Contraloría fue emitida este lunes 2 de septiembre “luego de hacer la respectiva vigilancia”, destacando que además de la costa Caribe están incluidas en ese estado de alto riesgo Nariño, Chocó y la región de Puerto Carreño, en el Vichada.
Ante la situación, el ente de control advirtió que “la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que a la fecha se conozca algún tipo de actuación desplegada por las autoridades mencionadas”.
Explica la Contraloría que ese estado de cosas es en razón a “la falta de decisión del gobierno Nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de “la opción tarifaria”, que congeló las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos”.
Otra de las causas que también aduce el ente de control es el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, “lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro de energía por parte de los generadores a los prestadores del servicio u operadores de red, especialmente a las empresas de la costa Caribe”.
También se habla de ingresos no recaudados por la opción tarifaria, lo cual “configura un grave riesgo para la continuidad en la prestación del servicio”.
Coincidimos en que el tema es sumamente delicado para nuestra región y, como se puede ver, ya la Contraloría hizo lo propio como ente de control, corresponde ahora que las distintas fuerzas e instancias de poder del Cesar y todo el territorio del Caribe colombiano ejerzan la debida presión para que evitarlo.
Sería grave un apagón en estos momentos porque ello afectaría otros servicios como la salud, educación, comercio, funcionamiento de acueductos.
Es, además, el momento propicio para seguir presionando por la disminución de las altas tarifas de energía que tanto se ha cacareado y nada que se concreta para el alivio de los bolsillos de la ciudadanía.
Otras altas tarifas: las aéreas
Si las altas tarifas de energía andan por las nubes las tarifas para tomar un avión nos llevan a las estrellas. Es lo que ha repetido insistentemente la ciudadanía y que en nuestras páginas analiza hoy el Centro de Pensamiento del Cesar (Cesore), que recomendamos leer. Una situación estructural que nos hace poco competitivos frente a las posibilidades de atraer turistas pero especialmente que afecta a los cesarenses y vecinos de La Guajira y el Magdalena, incluso del sur de Bolívar, que en su transporte usan para salir o llegar el aeropuerto Alfonso López, asfixiado (s) pero sin alternativas por el monopolio de Avianca.