La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha estremecido al país. Han segado la vida de una figura política que para muchos representaba una voz joven, crítica y con proyección nacional, cuyo asesinato deja al descubierto la fragilidad de nuestra democracia y la urgencia de repensar el ejercicio político.
Es un crimen que obliga a pensar sobre las verdaderas causas que lo originaron. ¿Por qué Miguel Uribe? ¿Por qué y quiénes tomaron esa fatal decisión de ordenar su muerte?, son algunas de las preguntas que se hace la opinión pública y que las autoridades colombianas están llamadas a responder. A eso deben apuntar todas las investigaciones.
Alrededor de las distintas figuras o liderazgos políticos suelen tejerse muchas esperanzas, por eso la muerte de Uribe ha dolido en toda Colombia. Su voz comenzaba a resonar como una alternativa interesante, por ello su partida ha generado consternación, temor y preguntas sin respuestas.
Independiente de lo que arrojen las investigaciones, es evidente que la violencia política en Colombia ha escalado muchos peldaños de manera alarmante. Este asesinato desde ya apunta a una responsabilidad colectiva e histórica. Su muerte no es un hecho aislado ni un accidente imprevisible, es el producto acumulado de causas presentes y estructurales que, año tras año, han sido ignoradas, minimizadas o maquilladas por discursos vacíos.
Cada vez, en un ascenso progresivo en los últimos años, hay más coca sembrada y procesada. Hay, consecuencialmente y en doble vía, más grupos armados y mafias, más actores, supuestamente políticos, armados; hay más pugnacidad, polarización y agravio e insulto verbal, mientras el Estado se repliega en los territorios, el gobierno da treguas ingenuas -que aprovechan las bandas para reclutar más y más- o procura pactar con armados en las sombras, tal como lo acaba de afirmar el propio presidente Petro en su reciente alocución desde Tierra Alta, Córdoba.
Pero no solo se trata de la economía ilegal y violenta. Se sabe que, junto a ella, los diferentes sectores políticos enfrentados han recrudecido la violencia verbal, polarización y desprecio por la diferencia. La política se ha convertido en un escenario de pugna sin reglas, donde el insulto reemplaza al argumento y la estigmatización se normaliza como estrategia electoral. El asesinato de Miguel Uribe no ocurre de la nada, es producto de un ambiente hostil, alimentado por la irresponsabilidad de líderes, medios y ciudadanos que han contribuido a construir un país donde discrepar es peligroso.
Frente a este escenario, la pregunta es inevitable: ¿qué acciones específicas, concretas y apropiadas viene adelantando el alto gobierno, en cabeza del presidente de la República, para detonar y detener esos factores?
Hasta ahora, las respuestas son insuficientes. Las promesas de paz total no han logrado traducirse en seguridad real para los líderes sociales, candidatos y comunidades. Las cifras de violencia política aumentan, la extorsión también; las regiones más golpeadas por la coca y el conflicto siguen desprotegidas, y la institucionalidad continúa frágil y, en muchos casos, ausente. Y esa inseguridad rural, o gestada en los campos en actividades mafiosas como las del narco, ha traspasado las fronteras reflejándose crudamente en la inseguridad y la violencia de venganzas y el micro tráfico en las ciudades.
El Gobierno nacional debe desarrollar una estrategia que aborde las causas de fondo, que reforme la política de drogas con una presencia efectiva del Estado en los territorios, que logre el desmantelamiento de estructuras armadas ilegales y una transformación del lenguaje político, empezando por la cabeza del ejecutivo, que permita ejercer la democracia.
Este asesinato obliga a mirar de frente el deterioro del país político, a exigir rendición de cuentas al Gobierno nacional y a repensar el futuro de una democracia que no puede seguir cobrándoles la vida a quienes deciden participar de los procesos electorales.
