A cargo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar quedó la decisión de si procede la solicitud de preclusión que la Fiscalía solicitó a favor del exalcalde Fredys Socarrás y la ciudadana María Inés López Reyes por la permuta que realizaron de dos lotes del municipio ubicados en Mercabastos por predios particulares.

Así quedó establecido en la mañana de ayer luego que la Fiscalía 5 seccional sustentara ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento el recurso de apelación para que la investigación quede sin efectos.

Esto en respuesta a la decisión que el pasado 11 de julio tomó ese mismo despacho judicial de no avalar dicha preclusión en primera instancia, al considerar que no existían suficientes méritos para desechar la investigación por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en celebración de contrato.

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Sus razones se basaron en que dentro del proceso surgieron distintos informes periciales de varias entidades en las que la Fiscalía solo dio por validez la suya sin argumentar porque desechaba la de las demás.

Entre tanto, la Fiscalía en la sustentación indicó que el juez quinto tuvo una indebida interpretación de la sentencia en la que basó sus argumentos para no aceptar la preclusión.

Asimismo precisó que no compartía la determinación del juez porque la petición se basó en varios elementos materiales probatorios que no arrojaban la tipicidad de las conductas punibles investigadas.

“Una experticia estructurada por un miembro del CTI que mediante informe del 7 de noviembre de 2018 dio su base de opinión pericial, fue lo que sirvió de sustento para elevar la preclusión frente al delito de peculado por apropiación. Por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales la Fiscalía sustentó con base en otros elementos materiales probatorios y que en la audiencia respectiva relacioné, entre ellos contábamos con el contrato de permuta que realizaron los inculpados, la documentación que sirvió como soporte para realizarlo, entre otros”, manifestó el representante del ente acusador.

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Explicó además que al no tener fundamentos jurídicos estos dos delitos, automáticamente se extingue el interés indebido en celebración de contrato, pues considera que “era una conducta netamente estructurada en la parte subjetiva más que la objetiva”.

Esta investigación tuvo su origen en una denuncia de la Contraloría Municipal mediante una auditoría a cargo de la oficina de control fiscal al contrato de permuta, en el que presuntamente se encontraron varias irregularidades con respecto a la valoración de los predios, pues supuestamente los terrenos del municipio costaban más que los del particular.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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