La ilegalidad en torno a la tala de árboles en el departamento del Cesar sigue siendo una constante en las denuncias de los habitantes de diferentes municipios que aseveran que propietarios de fincas, campesinos, empresas y particulares arrasan con hectáreas de bosque para vender la madera o expandir sus cultivos agrícolas. Según la Secretaría de Ambiente del Cesar, dichas acciones han provocado que 1.100 hectáreas estén afectadas por la deforestación.

Uno de los territorios afectados por la tala ilegal de árboles es el municipio de Agustín Codazzi. Recientemente habitantes de ese municipio denunciaron que en la trocha La Palizada se estaba realizando una deforestación y comercialización ilegal. Los ciudadanos aseveraron que en el predio El Danubio y Marta Cecilia fueron talados más de 40 árboles de la especie Samanea saman (algarrobillo) y Prosopis juliflora (trupillo).

De acuerdo con un denunciante, que prefirió omitir su nombre, la madera sería trasladada de manera ilegal hacia la ciudad de Cartagena para luego exportarla hacia el continente asiático. Comentó que a los transportistas de ese tipo de carga les suministran hasta 3 millones de pesos para “ir comprando retenes y a las basculas les meten hasta 40 toneladas de madera cuando el máximo es 35”.  

Agregó que puede haber más fincas de esa zona que estén talando árboles de manera ilegal porque son predios retirados, donde el arbolado es abundante y virgen, por lo que son de gran tamaño y sus troncos gruesos.

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EN EVIDENCIA LA TALA ILEGAL 

Debido a las múltiples denuncias, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, se desplazó el pasado viernes a los predios El Danubio y Marta Cecilia para realizar una inspección técnica del área afectada. En la visita la entidad ambiental puedo evidenciar que se había realizado un aprovechamiento forestal de las especies anteriormente mencionadas. 

Encontraron 114 trozas de aproximadamente 2 metros con 60 de largo, por un metro de alto, y 168 bloques aserrados por la franja protectora de la cuenca media del río Magiriaimo, afluente que surte del preciado líquido al municipio de Agustín Codazzi, según explicó Almes Granados, abogado de la Oficina Jurídica de Corpocesar.

El funcionario aseveró que le solicitaron al dueño de los predios el Plan de Manejo Forestal y los respectivos permisos (aprovechamiento doméstico y persistente), según el decreto 1791 de año 1996, pero el ciudadano alegó que no tenía dicha documentación porque “desconocía que debía realizar esos trámites ante Corpocesar” y que ya ha comercializado anteriormente madera de ese terreno.

“El propietario aseveró que estaba realizando la limpieza de esos predios para que estuvieran aptos para la ganadería. Debido a que no tenía la documentación y se evidenció la falta ambiental se le suspendió la actividad al propietario. Tendrá una sanción y una medida compensatoria con la finalidad de restaurar el área afectada”, manifestó Granados. 

EL TRÁFICO NO SE DETIENE 

Árboles como el cedro, mango, laurel, comino, ceiba, algarrobillo, entre otros, han sido de manera reiterativa talados en varios municipios del Cesar para ser comercializados en su mayoría de manera ilegal. En ese sentido, los territorios más afectados con ese flagelo son: la serranía del Perijá, Becerril, Agustín Codazzi, la Sierra Nevada de Santa Marta, Pueblo Bello, Valledupar, El Copey y La Paz.

Según Corpocesar, en el Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre, Cavffs, en los últimos meses han recibido un total de 217 metros cúbicos de madera en su mayoría de la especie algarrobillo, acotando que el año pasado fueron incautados 405 piezas de esta especie en las vías del norte del Cesar. 

En ese orden de ideas, el pasado mes de junio la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en coordinación con el Ejército y la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, DIAN, decomisaron 24 metros de madera de algarrobillo avaluada en más de $ 97 millones. 

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De acuerdo con los entes de control, los árboles habían sido talados en una zona rural de Agustín Codazzi y tenían como destino Riohacha. Así mismo en Los Corazones, corregimiento de Valledupar, fueron incautados 16.5 metros de madera, avaluadas en más de 67 millones de pesos. Las autoridades precisaron que la mayoría de los árboles se comercializan en el Atlántico, Magdalena, Bolívar y Santander. 

¿QUÉ SUCEDE CON LA MADERA INCAUTADA? 

De acuerdo con el abogado de la Oficina Jurídica de Corpocesar, la medida que se impone primeramente en un proceso de investigación sobre aprovechamiento forestal es el decomiso preventivo de la madera. 

Una vez sea finalizada la investigación se procede al decomiso definitivo y por medio de la norma ambiental se suscriben convenios con entidades nacionales con el propósito de hacer donaciones para un aprovechamiento adecuado de dichos productos.

Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN