Una serie de seminarios regionales que apuntan a brindar pedagogía sobre la negociación colectiva en el sector público, es promovido por  el Ministerio de Trabajo en Valledupar, a través de la Dirección Territorial, con ocasión de la expedición del Decreto 1092 del 24 de mayo de 2012 en el que participarán todos los representantes de las entidades públicas y organizaciones sindicales del sector.

La actividad tendrá como escenario el auditorio ‘Consuelo Araujo Noguera’ de la biblioteca departamental ‘Rafael Carrillo Lúquez’, de Valledupar, a partir de  la 1:30 de la tarde de hoy.

Como ponente central  fue invitado el viceministro de relaciones laborales e inspección, David Luna Sánchez quien tratará temas relacionados a la  ‘Negociación en el sector público’,  que permitirá a los trabajadores fortalecer los procesos de diálogo social bipartito a Nivel Nacional, Territorial y consolidar mecanismos de negociación colectiva.   

Las directivas del seminario taller dieron a conocer algunas de las generalidades del decreto en referencia que  establece la reglamentación de los términos y el procedimiento para adelantar la negociación colectiva para los empleados de todas las entidades y organismos del sector público, con la  excepción de las Fuerzas Militares y la Policía.

Además permite a los empleados públicos, a través de sus representantes, participar en la determinación de sus condiciones laborales, es decir, en aspectos relativos a las relaciones laborales objeto de negociación con los sindicatos.

Los asuntos que excedan el campo laboral no pueden ser objeto de negociación, tales como: la estructura organizacional, plantas de personal,  competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, procedimientos administrativos, carrera administrativa y el régimen disciplinario.

En materia prestacional las entidades no tienen facultad de concertación.

Preserva las garantías del fuero y permiso sindical con respecto a los empleados que participen en la negociación.

Permite que las negociaciones entre las entidades oficiales y los servidores públicos, puedan contar con una segunda instancia, en caso de no ponerse de acuerdo.