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Cerca de 300 mil hectáreas de tierra que habían sido despojadas a la fuerza por grupos paramilitares en el país, serán regresadas por el Gobierno Nacional a sus verdaderos dueños.

El plan de choque tendrá el acompañamiento de la fuerza pública y será la cuota inicial del proyecto de la Ley de Víctimas y su capítulo de Restitución de Tierras, que se tramita en el Congreso de la República, indicó el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar.

“Cuando la Ley sea aprobada afianzará y dará mucho más apoyo a esta política que se inicia a partir de ahora con el plan de choque que refrenda la decisión política del gobierno de poner el pie sobre el acelerador en todo lo que es la restitución de la tierra a los despojados y a la formalización de la misma”, indicó el titular de la cartera agropecuaria.

Los procesos de restitución se iniciarán en las áreas más afectadas por la acción de los grupos armados al margen de la Ley y en donde se ha consolidado la mayor densidad de despojos ilícitos en las últimas décadas.

“Son áreas que llamamos emblemáticas porque están muy localizadas  y porque se sabe muy bien donde fueron los despojos”, indicó el titular de la cartera agropecuaria.

La asesora del Ministerio de Agricultura en materia de restitución de tierras, Jennifer Mujica,  informó sobre las regiones, con veredas y predios  que se han priorizado para el desarrollo y ejecución del Plan de Choque a cargo del Incoder.

Las zonas están localizadas en los departamentos del Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Antioquia y César. Entre los municipios donde figuran los predios objeto del proceso figuran: Chivolo, Ciénaga, El Peñón, Carmen de Bolívar, María La Baja, Tibú, Carmen de Atrato, Cajamarca, San Francisco, Turbo, Mutatá y San Pablo.

La asesora del Ministerio explicó que en estos casos se buscará revertir el despojo ocasionado por algunas decisiones tomadas hace unos años por el Incoder.

El Plan de Choque contempla un “barrido” en varios departamentos priorizados (Antioquia, Bolívar, César, Chocó y Magdalena) para detectar otros casos de despojo causados por decisiones del Incora o Incoder para proceder con las respectivas revocatorias directas cuando sea procedente.

En esos departamentos se tienen identificados o documentados cerca de 50 mil casos de campesinos que dejaron  forzadamente sus tierras.

El programa contempla la formalización de dos mil 631 baldíos, 592 predios del Fondo Nacional Agrario, 44 resguardos indígenas y siete títulos colectivos. La titulación de baldío se aplicará en tierras ubicadas en Antioquia, Arauca, Córdoba, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Vichada.

Se ampliaran además 23 resguardos indígenas y se constituirán 16 adicionales en los departamentos de Nariño, Putumayo, Tolima, Caquetá, Chocó, Quindío y Amazonas.

El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, informó que en 38 mil 450 predios, cuyo dominio ya fue extinguido por Estupefacientes, se adelantará una especie de reforma agraria por cuanto se dará un cambio de la propiedad y se modificarán las condiciones de los predios. Son tierras que apoyarán programas de desarrollo rural con población campesina que adelantará el Incoder,  explicó el director del Instituto.

Restitución en curso

Al respecto, EL PILÓN habló con el director saliente de Incoder, Rodolfo Campo Soto, quien expresó que las denuncias realizadas por el Ministro, las hizo durante su administración.

“Todo eso que dijo el Ministro dijo fue lo que le informamos en el empalme, donde le expresamos que esto se presentaba especialmente en el departamento del Magdalena. Le manifestamos que allí habíamos intervenido y habíamos hecho las revocatoria de las tierras que el Incora y el Incoder en ese momento habían titulado a personas que habían llevado como testaferros. Fuimos nosotros en el empalme los que mostramos eso”.

Dijo el ex dirigente cesarense, que antes del finalizar su periodo de dirección del Instituto venía realizando el trabajo de restitución.  “Ese es un trabajo que nosotros hicimos e íbamos denunciando a la Fiscalía, lo que iba sucediendo y nosotros mismos tomamos medidas severas al interior de Incoder”, sostuvo Campo Soto.