Los medios de comunicación, en especial los tradicionales, no la han pasado bien en los últimos tiempos; estos no han escapado a los estragos de la crisis económica que afronta el país, además de coyunturas político-administrativas y de índole institucional.
La situación es general en todo el país y también se vive en las regiones. Los medios de comunicación que se muestran como independientes y asumen posiciones críticas frente a determinados hechos relacionados con decisiones de los gobiernos de turno suelen ser calificados como opositores y en esa medida le niegan cualquier posibilidad de pauta oficial.
Sucede desde la Casa de Nariño y ocurre en las alcaldías y gobernaciones. En el departamento del Cesar podría decirse que es una situación confesa, según lo han manifestado voceros de la misma administración, solo pautan con “sus amigos o aliados”. Señores entes de control pónganle la lupa a eso. En el caso de Valledupar, las dos últimas administraciones han sido un poco más flexibles frente a ese tema y por lo menos han permitido la crítica de algunos medios.
En el país, ya son muchos los medios de comunicación que se vieron obligados a claudicar, recordemos los cierres de noticieros como CM&, Televista, entre otros, y recientemente RCN Radio redujo su campo de acción cerrando varias de sus emisoras y solo quedó con La FM.
Otros hechos recientes tienen que ver, por un lado, con la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenarle al ministro de las TIC, Julián Molina, iniciar la licitación del Canal Uno, pese a que la concesión actual está vigente hasta 2037 y, por otra parte, expidió una directiva para fijar el 33 % de la pauta oficial a medios alternativos, comunitarios y digitales, lo cual fue demandado por la Fundación para el Estado de Derecho ante la Sección Tercera del Consejo de Estado, instancia que la suspendió provisionalmente.
En el ámbito local, en Valledupar la mayoría de concesionarios radiales desaparecieron y emigraron a las plataformas digitales, las que últimamente han tendido a fortalecerse, pero sin ningún control frente al rigor periodístico y responsabilidad social, ese es otro tema que está en mora de ser analizado a profundidad y que afecta a los medios tradicionales de comunicación.
La decisión del presidente Petro de favorecer con el 33 % de la pauta nacional a los medios alternativos y comunitarios sería muy saludable, pero si se aplica para todos por igual y no prefiriendo a los que son aliados suyos como lo han hecho saber quienes cuestionan esa medida, al punto de afirmar que esta solo busca “contratar a los influencer amigos y defensores del gobierno”. Esa sería una vigilancia que deberían desarrollar de manera rigurosa los distintos entes de control del país en caso de que esa directiva presidencial llegue a salir adelante.
Estamos ante un nuevo episodio en el debate sobre la democratización del acceso a los recursos públicos por parte de los medios de comunicación. Eso ha sido una preocupación constante y de vieja data tanto local, regional, como nacional, en razón a que los gobiernos y algunas entidades tienden a concentrar la publicidad estatal en unos pocos medios.
Además del aspecto legal, el fondo del asunto es político y ético, el cual obliga a buscar mecanismo que respondan a las inquietudes de ¿cómo garantizar una distribución justa, plural y equilibrada de la pauta pública?
Los medios independientes representan a todas las voces, eso es sano para la democracia y por ello no se puede limitar su acceso a los dineros del Estado. Se debe repensar el modelo de comunicación pública actual y ejercer mayor control sobre los recursos públicos disponibles para ese propósito.
